Opinión
El poder de los medios y la autodefensa popular Por Aquiles Córdova
Ya a los clásicos de la izquierda mundial les preocupaba la indefensión de las masas en el terreno de la lucha ideológica, porque veían el poder propagandístico arrollador de las clases dominantes. Sin embargo, desde entonces (fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX) las cosas han empeorado radicalmente. Los medios masivos de comunicación, como se les conoce ahora, han multiplicado cientos de veces su capacidad de influir en la opinión de la gente: las “noticias”, los “análisis” y las opiniones de los profesionales de la información no sólo llegan a sus destinatarios casi en el instante mismo en que ocurren los sucesos, sino, además, no hay rincón del planeta, por apartado e incomunicado que se encuentre, que se mantenga fuera de su alcance; y la incorporación de recursos prácticamente irresistibles para el gran público como la imagen, el color y el señuelo de poder acceder a todas las maravillas artísticas y científicas del mundo con sólo apretar un botón, les han conferido una capacidad de penetración y una credibilidad que no soñaron siquiera las generaciones pasadas.
Todo ello es resultado del progreso tecnológico de los últimos años. Pero aquí, como por lo demás ocurre en todas las áreas de la actividad productiva de la sociedad, la tecnología juega un papel contradictorio: de una parte, gracias a las máquinas cada vez más poderosas, versátiles y sofisticadas que fabrica, la industria puede producir prácticamente lo que quiera y en la cantidad que quiera; pero, por otro lado, la producción basada en una maquinaria cada vez más cara, ha impuesto la inevitable exclusión, casi total, de los pequeños productores, de los pequeños capitales. La actividad productiva moderna se concentra cada día más en las manos de unas cuantas grandes fortunas; el “capitalismo democrático” con que soñaron algunos economistas del pasado, se ha vuelto una utopía ridícula si no es que una sangrienta burla para la inmensa mayoría de la sociedad. Y exactamente eso mismo es lo que ha ocurrido en el terreno de los medios de comunicación. Hoy, los pequeños diarios escritos son dinosaurios en un fatal proceso de extinción; el mundo de la prensa escrita está dominado por gigantescas empresas editoriales con inversiones de cientos y aún de miles de millones de pesos, y su voz aplasta, inevitablemente, la de sus endebles competidores. Y peor están las cosas en el terreno de la radio, de la televisión, de la telefonía móvil o de la internet. Aquí, el dominio monopólico de los grandes es total, y los reclamos de algunos para que esto se “democratice” sólo provocan hilaridad entre los expertos.
Pero las grandes inversiones deben generar a sus dueños utilidades proporcionales a su tamaño. En consecuencia, la ley que las rige es la de la máxima utilidad, que nada tiene que ver con el respeto a la verdad o con los intereses de los desarrapados que no pueden pagar sus servicios. Por eso, mientras más poderosos son los medios masivos, más sordos se vuelven a las voces de los más desamparados; más hostiles a sus quejas, a sus denuncias y a sus formas elementales de protesta; y más se vuelcan en favor de la “gente bonita”, de la “buena sociedad”, de los intereses de los grandes anunciantes que son el gobierno y la clase del dinero. Hoy se vive una parcialidad asfixiante en el manejo de la información a nivel mundial, y, para muestra, vaya el siguiente botón. El mundo observó, estremecido de horror, la masacre de los palestinos de la Franja de Gaza a manos de un ejército moderno, armado hasta los dientes incluso con armas químicas prohibidas, que bombardeó sin misericordia, día y noche, a un pueblo sin ejército, sin barcos, sin aviación, sin armas, dejándolo convertido en un montón de ruinas humeantes. Pero los medios sólo tuvieron oídos y espacio para quienes, como el ex presidente norteamericano George Bush o los halcones israelíes autores del crimen, justificaban tanta brutalidad culpando al “grupo terrorista” Hamas, que disparó a todas horas misiles en contra de Israel. Locutores y reporteros se dieron vuelo “mostrando” los “terribles daños” causados por un solitario cohete, casi de fabricación casera, en territorio israelita, mientras ocultaban el número de heridos, el de víctimas civiles mortales, los edificios civiles arrasados por las bombas “inteligentes”, y evitaban cuidadosamente la comparación entre el número de cohetes y bombas disparados por cada bando y el de los muertos respectivos, con el claro fin de esconder el monstruoso abuso de poder del ejército de Israel, apoyado por los norteamericanos. Para completar el escarnio, siempre llamaron “guerra” a la impúdica agresión, cuando es obvio que no puede haber guerra allí donde sólo uno de los contendientes disponía de un ejército armado y entrenado para matar. ¿Y qué decir de cómo se manejó la invasión a Irak? ¿Y los bombardeos contra los “talibanes” en Afganistán, que nunca nadie vio ni certificó si se trató realmente de gente en armas?
Y volviendo a los asuntos domésticos: ¿quién se ocupa de estudios serios, documentados, científicos valga decir, sobre la magnitud real de la pobreza, el desempleo, la carestía, la falta de vivienda y de servicios de salud aquí en nuestro país? ¿Qué hay de un diagnóstico serio y responsable sobre la pobreza en el campo y su absoluta falta de perspectivas? Véase, en cambio, la diligencia y la elocuencia con que se ataca y condena cualquier intento de autodefensa de los pobres. Faltan ojos y oídos para captar lo que se dice y escribe en su contra. La lucha ideológica, pues, la autodefensa mediática de los desamparados del mundo, se ha vuelto mucho más difícil de lo que pensaron los clásicos en su momento. El poder y la parcialidad de los medios se han vuelto avasalladores; y lo paradójico y peligroso es que esto ocurre justo cuando aquella lucha se hace más necesaria ante el empeoramiento de las condiciones de vida de las mayorías. Por eso, los “catastrofistas” pensamos que, de no actuarse enérgicamente para cambiar esta realidad, deberemos esperar, con las válvulas de seguridad cerradas, a ver qué rumbo toman los acontecimientos mismos.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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