En los últimos días, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el próximo ciclo escolar 2020-2021 iniciará el 24 de agosto con un modelo educativo a distancia, sin embargo, existen muchas dudas entre los padres de familia sobre el regreso a clases.

Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) respondió las preguntas más frecuentes que surgen entre las familias.

¿Pueden las escuelas incrementar las colegiaturas durante el periodo escolar?
La Profeco señala que esto no debe pasar en ninguna institución a menos que se acuerde con la mayoría de los padres de familia, mediante una convocatoria que emita la escuela y justifique por causas de fuerza mayor que incidan en un incremento sustancial en los costos de operación del plantel.

¿Por la pandemia, los padres de familia tienen derecho al reembolso del pago de las reinscripciones o colegiaturas?
De acuerdo con la Profeco, a pesar de que se tiene establecido que los padres deben avisar con dos meses de anticipación al inicio del ciclo escolar, las escuelas deben ser flexibles ante la situación particular que vive el país y devolver los montos pagados, a fin de que los padres de familia tengan oportunidad de inscribir a sus hijos en la institución educativa que mejor se adapte a sus necesidades.

¿Con qué plazo cuentan los padres de familia para pagar las colegiaturas?
La dependencia señala que las escuelas deben aceptar sin cargo alguno los pagos de colegiaturas, dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes. Sin embargo, si alguna familia tiene alguna dificultad, se pide que la escuela ofrezca algún esquema de apoyo que permita realizar pagos, sin afectar la educación de los alumnos.

¿Las escuelas privadas pueden negar el servicio si los padres de familia incumplen en el pago de las colegiaturas?
El Acuerdo señala que el incumplimiento de pago de tres o más colegiaturas, equivalentes a cuando menos tres meses, libera a los prestadores del servicio educativo de la obligación de continuar con la prestación.

No obstante, las escuelas deben adoptar todas aquellas medidas que permitan a los alumnos, sobre todo los de educación básica, permanecer en el Sistema Educativo Nacional. Para ello, los colegios deben entregar a los padres de familia, en un plazo no mayor de 15 días a partir del momento en que la soliciten, la documentación oficial que les corresponda, sin costo alguno.

Fuente: Uno TV

En el mundo de la comunicación y el marketing, ser responsables de un destino turístico es la joya de la corona, pues es la oportunidad para mostrar toda la capacidad creativa y la influencia que se tiene para atraer nuevas audiencias.

En Materiamist, esta oportunidad fue desaprovechada. La agencia de comunicación, fundada y liderada por Federico Quinzaños, tenía una encomienda: realizar una campaña de publicidad que impulsara la reactivación económica y turística de Acapulco. Sin embargo, falló.

‘Mom I’m in Acapulco’ (‘Mamá, estoy en Acapulco’) dejó un mal sabor de boca. La pieza creativa lanzada en redes sociales, que tenía como objetivo cautivar a los millennials y centennials e invitarlos a visitar el puerto de Guerrero para escribir sus propias historias, recibió críticas por no mostrar los paisajes, los habitantes y las principales atracciones del destino.

En su lugar aparecen jóvenes bebiendo, jugado golf, en fiestas, nadando y paseando en yates y automóviles. La imagen innovadora, fresca y disruptiva que se quería transmitir en la campaña no fue percibida por los internautas.

“No promueve el estado. La campaña hace énfasis en un estilo de vida. No muestra Acapulco y eso lo vemos en las tomas cerradas. Hay un baño, una regadera, un yate, pero jamás vemos los paisajes del puerto“, explica César Enríquez Morán, presidente de la Global Marketing Assocation (GMA).

Pese a esto, no todo era malo. “No se justifica tanto escándalo. Fueron juicios de valor, ya que este tipo de turismo sí existe y son los jóvenes los que más derrama económica dejan”, asegura el especialista en marketing.

Rafael Gárate, director general de la agencia de relaciones públicas, comunicación estrategia y digital Percepción e Imagen, señala que se trata de una acción desafortunada porque Acapulco es uno de los destinos más incluyentes del país. “Hay para todos”, dice el experto. Sin importar el nivel económico, el puerto guerrerense siempre es una opción turística, lo cual no se refleja en la campaña. “Faltó hablar de bodas, negocios y familias (…) Estuvo mal lograda, con una ejecución desafortunada”.

Y, por si fuera poco, ni siquiera cumple con los protocolos de seguridad que el gobierno se ha dedicado a repetir una y otra vez, agrega Eduardo Calderón, socio fundador de la agencia MBLM. “Está fuera de lugar y es insensible, que las medidas sanitarias se rompan en ese anuncio es contradictorio, lo que habla de falta de comunicación y coordinación en los equipos”.

En opinión de Gárate, lo que salió a flote con esta campaña fue la falta de experiencia de Materiamist. El especialista señala que elegir una agencia para desarrollar un proyecto creativo es una decisión importante, pero parece que en esta ocasión se tomó a la ligera.

Esta no es la primera vez que la agencia de Federico Quinzaños (fundada en 2018) realiza proyectos publicitarios para el gobierno, específicamente para la Secretaría de Turismo. El fundador de la compañía, quien según su Linkedin desde noviembre de 2019, y con un contrato temporal, se desempeña como brand strategist de Visit México, lideró ‘Dear Country’.

Fuente: Expansión

Después de 11 años de no obtener respuestas, las familias de los 49 niños y niñas que fallecieron en la Guardería ABC por fin obtuvieron una buena noticia acerca del caso. Esto debido a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo declaró admisible para entrar a su etapa definitiva de análisis de fondo.

Los familiares han señalado por más de una década que el siniestro ocurrido en Hermosillo, Sonora, fue por negligencia por parte de la administración de la guardería. La estancia infantil carecía de salidas de emergencia, personal, detectores de humo, entre otras cosas que aparecen en los lineamientos de Protección Civil para este tipo de servicios.

“Las familias han exigido la investigación y sanción penal a todos los actores responsables, incluyendo a funcionarios de alto rango y particulares, reconociendo las causas estructurales del incendio”, explicó un comunicado de prensa emitido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Este documento también señaló que la presentación fue hecha desde hace casi seis años, y durante los años siguientes se recibió información adicional, pero no fue hasta el mes pasado que se declaró admisible.

“Como parte de esta lucha, en octubre de 2014 se presentó el caso ante la CIDH. El 6 de julio de 2020, dicho órgano internacional lo declaró admisible. Ahora la CIDH conocerá del fondo del caso -es decir, analizará los hechos para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano- con lo cual las familias buscan que la CIDH formule recomendaciones al Estado para concretar el acceso a la justicia y la no repetición”, agregó el comunicado.

De acuerdo con otro documento obtenido por Aristegui Noticias, la comisión consideró que si se comprueba el incumplimiento del Estado “podrían caracterizar violaciones a los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 19 (derechos del niño) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno)”.

“De ser probado que el alegado incumplimiento del deber estatal de prevención y adopción de salvaguardas para la prestación del servicio educativo de cuidado infantil habría generado el incendio que costó la vida de cuarenta y nueve niños/as; así como la presunta falta de una investigación diligente que esclarezca lo sucedido y sancione a los responsables”, dicta.

El 5 de junio de 2009 fue la fatal fecha en la que la guardería se incendió, arrebatando la vida de 24 niñas y 25 niños, muchos de ellos tuvieron quemaduras en el 80% de sus cuerpos. Más de 100 resultaron heridos. Desde entonces, sus familiares entraron en una batalla incansable de más de 10 años en la que han exigido justicia y cárcel para los responsables.

Todo comenzó cuando una bodega de papel con la que el recinto compartía paredes se comenzó a incendiar y el fuego atravesó rápidamente hacia donde se encontraban los infantes. Además de los que murieron, hubo también más de 100 lesionados. Todos ellos quedaron encerrados al interior del lugar porque las puertas abrían hacia adentro.

En ese momento, quien gobernaba el país era Felipe Calderón Hinojosa, el mismo presidente que declaró la “Guerra Contra el Narcotráfico” en México, y terminó involucrado en el caso debido a que una de las cuatro propietarios de la guardería era Marcela Gómez del Campo, prima de su esposa Margarita Zavala.

Cada año, los padres de los menores fallecidos salen a marchar para exigir justicia por la muerte de los menores. Sin embargo, debido a la pandemia por coronavirus que se presentó este año, Patricia Duarte, una de las madres en lucha, informó la cancelación de las marchas en Hermosillo y la Ciudad de México.

Fuente: Infobae