La Presidenta interina del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Monroy del Mazo, tomó distancia del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y reprobó que pretenda “blindarse” contra investigaciones sobre corrupción en su Gobierno.
En conferencia de prensa Monroy dijo que “nada ni nadie por encima de la Ley. En el partido no habremos de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga en Estado de Derecho”.
–¿Qué opina de que quiera cuidarse las espaldas promoviendo recursos en el Congreso, como lo ha hecho?–, se le preguntó en el evento.
–Esa es la interpretación que se le ha dado hasta este momento, y yo lo que diría es que si bien es jurídicamente correcto, habría que revisarse desde el punto de vista ético.
–¿Usted qué piensa?–, se le cuestionó de nuevo.
–Pienso que no es correcto–, respondió.
Respecto a los señalamiento de si el mandatario veracruzano debe de ir a prisión ante las irregularidades que se han hecho de conocimiento público en los último meses, Monroy dijo:
“Nosotros no somos Ministerio Público. Nosotros no hacemos gobierno, el partido lo que hace es política partidista, pero desde luego que somos terceros involucrados en este proceso, derivado de este clima en Veracruz se ha convertido absolutamente en un tema político. Si alguien tiene algo que decir frente a las autoridades, que lo haga. Si alguien considera que debe proceder frente a las autoridades, que lo haga”, expuso la presidenta nacional del tricolor.
Monroy del Mazo llamó este día a conferencia de prensa específicamente para tratar el tema de Veracruz y los señalamientos al Gobernador priista de esa entidad.
EL BLINDAJE DE DUARTE
En los últimos días se ha mencionado que personajes cercanos a Javier Duarte serán nombrados en cargos que trascenderán la actual administración, además se han realizado modificaciones constitucionales en el estado, lo que ha sido interpretado como una señal de que se intenta proteger al Gobernador de alguna acción legal en su contra.
En días pasados fue promulgada la reforma constitucional local en materia anticorrupción, con la que se retira el fuero al próximo Gobernador, a sus secretarios y a los presidentes municipales; aunque el beneficio legal sigue protegiendo a los diputados, al titular de la Comisión de Derechos Humanos estatal y al Fiscal General del estado y a los magistrados.
La reforma constitucional también prevé la creación del Fiscal Anticorrupción y del Contralor General, mismo que serán designados por el Congreso veracruzano, controlado por el PRI y sus partidos satélites locales.
Ante ello, Miguel Ángel Yunes, Gobernador electo de Veracruz, exhortó al Congreso local a ceder el nombramiento del Fiscal Anticorrupción a la siguiente Legislatura para garantizar que Javier Duarte de Ochoa y sus cómplices no queden impunes por casos de corrupción.
La Fiscalía Anticorrupción de Veracruz podría ser encabezada por Fernando Rojas Calderón, Marco Arturo Rodríguez Nolasco, Manuel Gerardo Basilio de la Vega, Guillermo Humberto Beck Chiquini, Gustavo Adolfo Payán Meza, Ana Luz Herrera Hernández, Juan Manuel Herrera Sosa y Francisco Portilla Bonilla.
Y quien sea elegido en el cargo durará cinco años en él.
La deuda que Javier Duarte de Ochoa dejará en Veracruz asciende a 45 mil 879 millones de pesos, la mayor entre los estados que celebraron elecciones, y la acumulada con la Universidad de Veracruz (UV) superó los dos mil millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), además, lo acusó de haber desviado más de 77 mil millones de pesos durante su administración.
“Los desvíos de los que se habla sólo existen en la mente tortuosa de quien sí tiene denuncias formales por enriquecimiento ilícito”, se defendió el Gobernador saliente de Veracruz días después de las elecciones, en las cuales Miguel Ángel Yunes –de la alianza PAN-PRD [Partido de la Revolución Democrática]– arrebató al PRI el estado que gobernó por décadas.

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