Política

Elección del candidato no pondrá en riesgo al Frente: PAN, PRD y MC

Los dirigentes nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), que integran el Frente Ciudadano por México, aseguraron que el método de selección de candidato será democrático, pero que en ningún momento se pondrá en riesgo la estabilidad ni la unidad de este frente.

«Tenemos que blindar este proceso de la intervención de cualquier ente que pretenda desestabilizar el Frente», aseguró este martes Alejandra Barrales, presidenta del PRD.

En tanto, Ricardo Anaya, dirigente del PAN, señaló que «se contará con mecanismos democráticos y blindados de cualquier ente del Gobierno o quien sea que pretenda descarrilar este esfuerzo.

A su vez, Dante Delgado, presidente de MC mencionó que «por supuesto que el método de selección de candidatos será absolutamente democrático, pero lo que no vanos a hacer es poner en riesgo la estabilidad del Frente».

En conferencia de prensa, los líderes nacionales de los tres partidos dieron a conocer que la primera etapa -de tres de las que consta su proceso de organización-, ha terminado con la aprobación de registro que el INE dio el pasado 29 de septiembre.

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De igual forma adelantaron que la segunda etapa consistirá en la confirmación de un proyecto de país que haga realidad los cinco puntos postulados al INE.

Al respecto, Alejandra Barrales señaló que «será fundamental escuchar a la ciudadanía, por lo que, en vez de nosotros organizar foros y mesas de discusión, deberán ser los ciudadanos quienes las organicen y nos convoquen».

De esta forma señaló que la fecha planteada para este primer encuentro entre ciudadanos y el Frente Ciudadano podría ser el próximo 19 de octubre en varias entidades del país.

A pregunta expresa sobre porqué el Frente no entregará los recursos que logre juntar -que hasta el momento son 50 millones de pesos, pero que de acuerdo con Anaya a final de año serán 200 millones de pesos-, Barrales señaló que «no hay confianza en el Gobierno federal, que ahora mismo tiene cuatro gobernadores perseguidos por la ley.

El Financiero

Política

Expolicías federales denuncian recortes salariales y hostigamiento laboral

Elementos de la extinta Policía Federal han denunciado un recorte salarial del 70 por ciento en su última quincena, así como la suspensión de sus actividades y la prohibición de firmar asistencia, tras negarse a aceptar tareas de vigilancia en edificios gubernamentales asignadas por el Servicio de Protección Federal. La denuncia fue realizada el 2 de octubre de 2026 por Mayra, exintegrante de la Policía Federal, quien destacó que esta reducción salarial afecta gravemente el bienestar de sus familias, impactando en aspectos esenciales como la alimentación, la educación de sus hijos, el pago de créditos y el transporte.

Mayra exigió que cualquier sanción o suspensión sea notificada por escrito y conforme a la legalidad, para evitar afectaciones en su situación laboral. Los agentes afectados consideran que esta medida es una represalia por haber solicitado su reincorporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de acuerdo con un decreto emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Los exagentes argumentan que no se oponen a trabajar, sino que poseen estudios de licenciatura, maestría y capacitaciones en el extranjero, lo que les lleva a considerar que las labores propuestas no se ajustan a su perfil profesional.

Por su parte, la SSPC informó que actualmente siete mil 121 elementos están desempeñando funciones operativas y administrativas, mientras que 84 de ellos mantienen su negativa a incorporarse al servicio asignado. Ante esta situación, el Consejo de Honor ha determinado como medida preventiva que los involucrados reciban un mínimo vital, equivalente al 30 por ciento de sus percepciones.

Mariana, otra exintegrante de la Policía Federal, acusó que desde la creación de la Guardia Nacional en 2018 y 2019, han enfrentado un proceso sistemático de hostigamiento para forzarlos a renunciar. Además, denunció violaciones al debido proceso, al señalar que se les ha negado el acceso a los expedientes administrativos y a las notificaciones formales correspondientes.