Del 2006 al 2014, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha documentado de forma hemerográfica cerca de 2,000 homicidios de niñas, niños y adolescentes. En la mayoría de estos casos, predomina la impunidad y ausencia de investigación profesional.

De acuerdo con datos extraídos por la Redim del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), en México hay 23,271 reportes de personas desaparecidas. En el mismo registro, se encuentran reportados 7,016 menores de edad desaparecidos, que representan 30% del total de las desapariciones observadas.

Los datos indican que, del 2007 al 2014, desaparecieron 6,998 niñas niños y adolescentes. Dentro de este grupo de la población, si se estudian los datos disponibles para las y los adolescentes de 15 a 17 años, se encuentra que existen 2,621 desaparecidos, de los cuales 1,712 son mujeres; esto quiere decir que siete de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años desaparecidos son mujeres, destaca la ONG.

Ante cifras de este tipo y frente a casos como el de la desaparición y asesinato de adolescentes en Calera, Zacatecas; así como el de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, es saludable que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inicie una investigación de soldados implicados, instó Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Redim

Las fuerzas militares enfrentan un serio desgaste desde que fueron involucradas en la lucha contra el crimen organizado; por lo que preservar su institucionalidad y legitimidad social es muy importante, confirmó el coordinador de Redim. “Es imposible querer hacer cumplir la ley, violando las leyes mismas”, indicó.

Es de recordar que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (UNCRC, por su sigla en inglés) recomendó en el 2011 al Estado mexicano desarrollar protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en los operativos donde se encontraran niños y adolescentes.

Pese a que dichos protocolos se realizaron durante la administración de Felipe Calderón, actualmente se desconoce si son utilizados por la Policía Federal, el Ejército Mexicano y la Marina Nacional. “Los casos paradigmáticos como la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, Estado de México; Calera, Zacatecas y Aquila, Michoacán muestran el desconocimiento de dichos protocolos o la decisión equivocada de no aplicarlos”, sentenció Juan Martín Pérez.

El pasado 7 de julio fueron detenidos-desaparecidos siete adolescentes y jóvenes en Calera, Zacatecas, a manos de los militares del 97 Batallón de Infantería. Recientemente fueron localizados cuatro cuerpos en el municipio de Jerez, con un tiro en la nuca, entre los que se encuentran los de dos adolescentes; lo que aporta evidencia de ejecución extrajudicial.

En otro incidente que involucra a menores de edad; dos niños fueron asesinados -de 6 y 12 años- y tres personas resultaron lesionadas -entre ellas un adolescente de 17 años de edad- durante un presunto ataque de elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán. El Grupo de Coordinación Michoacán ha reconocido y lamentado este ataque en contra de población civil.

Fuente: El Economista