México
Encienden focos rojos penales de 12 estados; por autogobierno y conductas ilícitas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el análisis de las principales dinámicas económicas, sociales y políticas de los 12 estados con más problemática penitenciaria, para definir los elementos que han generado una situación vulnerable en estos sistemas.
La tercera visitadora general de la CNDH, Ruth Villanueva Castilleja, explicó que en los sistemas penitenciarios se detectaron condiciones de autogobierno, así como conductas ilícitas como cobros y extorsiones, además de sobrepoblación y hacinamiento, entre otras irregularidades.
Al presentar el análisis, realizado en conjunto con el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geo Espacial (Centro Geo) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), detalló que se trata de los centros penitenciarios de Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco y Zacatecas.
Aclaró que se trata de las condiciones de los estados que en promedio tuvieron una calificación reprobatoria en el periodo 2013-2017.
Por ello, para revertir esta situación, consideró que es necesario contar con infraestructura adecuada y personal capacitado y certificado conforme a los parámetros establecidos por la Secretaría de Educación Pública y a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela.
Villanueva Castilleja aclaró que además en esos centros penitenciarios se reflejan diversos problemas en la dinámica de esas entidades en materia social, económica, política e institucional, entre ellas la relacionada con la “cohesión social”, entendida como la posibilidad de convivir en un entorno armonioso y con acceso a oportunidades.
También se analizaron las “Capacidades Estatales” existentes para garantizar seguridad, desarrollo de políticas públicas, entrega de bienes y servicios públicos.
Al comentar los principales resultados del análisis, el director del Centro Geo, José Ignacio Chapela Castañares, destacó el trabajo de la CNDH en los últimos cinco años para contribuir al mejoramiento de la situación del sistema penitenciario del país.
De esta manera, se hacen aportaciones para atender la parte más vulnerable del sistema de justicia penal, en el que persisten retos como erradicar la sobrepoblación, corrupción y autogobierno, y mejorar las condiciones de internamiento y la alimentación de las personas internas.
Excelsior
México
Gobierno de Rocío Nahle desvió recursos para nóminas de manera ilegal
El Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, ha sido objeto de un dictamen negativo por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a irregularidades en la fiscalización de recursos destinados a la atención médica. Según el Informe Individual de la Auditoría 2118 sobre la Cuenta Pública 2025, se detectó un presunto daño patrimonial que asciende a 87 millones 419 mil 439 pesos, principalmente por el uso indebido del presupuesto para el pago de nóminas.
El informe revela que los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) desviaron 86 millones 920 mil 909 pesos, que estaban destinados para el ejercicio fiscal 2025, para cubrir nóminas correspondientes al ejercicio fiscal 2024. Este desvío se realizó sin las autorizaciones legales y presupuestales necesarias, así como sin la documentación que justificara dicho uso de recursos.
Además, la ASF identificó serias deficiencias en los controles administrativos internos de los SESVER, otorgándoles una calificación de 65.4 sobre 100 en su nivel de control interno. La auditoría constató que la dependencia estatal no atendió las recomendaciones emitidas en la Cuenta Pública 2024 y mantuvo cuentas bancarias que no eran “específicas”, lo que resultó en la mezcla de recursos de diferentes orígenes y transferencias cuyo destino legal no pudo ser determinado.
El informe también destacó irregularidades adicionales, como diferencias no aclaradas en el pago de servicios personales del Programa U013, que suman 266 mil 530 pesos, así como el incumplimiento en la devolución oportuna de 232 mil pesos de capital no devengado a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Estas irregularidades ponen en evidencia la falta de transparencia y control en la gestión de recursos públicos en el estado de Veracruz.
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