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Entregan firmas para que Tucson sea ‘santuario migrantes’

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Grupos de activistas de Tucson, en el fronterizo estado de Arizona, entregaron este miércoles más de 18.000 firmas de votantes registrados que quieren realizar en noviembre próximo la que sería la primera consulta en Estados Unidos sobre si esta ciudad debe ser un «santuario» para indocumentados.

En caso de llegar a las urnas y aprobarse en noviembre, Tucson se convertiría en la primera ciudad «santuario» en Arizona, un estado conocido por sus duras políticas en contra de los inmigrantes irregulares.

Estamos frente a un momento histórico, no es mucho lo que podemos hacer para frenar la separación de familias, poco para terminar con las muertes en la frontera, evitar que los inmigrantes se conviertan en una mina de oro para las compañías privadas que manejan los centros de detención, pero sí podemos hacer algo en nuestra ciudad», dijo Zaira E. Livier.

La directora de la campaña «Familias Libres y Seguras de Tucson», impulsores de la propuesta «Iniciativa Defensa de la Gente», explicó en conferencia de prensa que entregaron 18.155 firmas ante la oficina del Centro de Elecciones de la Ciudad de Tucson.

Solo requieren que 9.200 de estas firmas sean validadas para que la propuesta forme parte de la boleta electoral de las elecciones del próximo 5 noviembre para intentar ser «santuario», lo que impediría a las autoridades locales colaborar en la aplicación de las políticas migratorias, que son de competencia federal.

La propuesta también incluye 15 cláusulas para evitar la práctica de perfil racial por parte del Departamento de Policía local e impedir la presencia de agentes migratorios en lugares sensibles como escuelas, iglesias y hospitales, entre otras medidas.

Este proyecto enfrenta críticas de miembros de la comunidad y políticos que temen tenga un efecto adverso para la ciudad y la comunidad migrante.

Lo que pide esta propuesta es algo que la Ciudad de Tucson ya está haciendo en un 60 %. Me preocupa la forma en que está escrita la propuesta, lo que puede ponernos en contra de las leyes estatales y ponernos en la mira de la Legislatura estatal, lo que le costaría a la ciudad parte de su presupuesto», dijo a Efe Regina Romero, concejal y aspirante demócrata a la Alcaldía.

Romero, quien se ha distinguido por luchar por los derechos de la comunidad migrante en Tucson, explicó que, de aprobarse, la medida podría enfrentar a la ciudad con el estado y poner en riesgo importantes partidas presupuestarias.

La iniciativa podría entra en conflicto con la controversial ley estatal SB1070, aprobada en 2010 y que otorga el poder a los policías cuestionar el estatus migratorio de las personas que «sospechan» son indocumentados.

Romero consideró que el «problema» real en materia migratoria está en la Administración del presidente Donald Trump, la Legislatura estatal, dominada por los republicanos, y el gobernador Doug Ducey, también conservador, pero «no la ciudad de Tucson».

Excelsior

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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