México
Envían primer caso de desaparición por lucha Vs el narco
La CIDH presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el primer caso de desaparición forzada en México en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
El caso se relaciona con la desaparición forzada de los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de militares, en el Ejido Benito Juárez, estado de Chihuahua, México, desde el 29 de diciembre del 2009. A la fecha se desconoce el destino o paradero de las tres personas y la mayoría de sus familiares se encuentran en Estados Unidos por temor a su propia seguridad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa que la desaparición forzada en México ha ido en aumento en los últimos años, situación que ha merecido pronunciamientos y recomendaciones por parte de múltiples organismos internacionales y mandatos especiales en el ámbito de las Naciones Unidas.
El caso llegó a la comisión el 26 de junio del 2011 a petición del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, así como de la no gubernamental Justicia para Nuestras Hijas, organizaciones representantes de los familiares de las víctimas.
En ese momento, los peticionarios alegaron que el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional por una serie de violaciones a los derechos cometidas en perjuicio de los familiares de las víctimas, como consecuencia de la desaparición forzada de sus familiares y por las acciones realizadas para conocer su paradero.
En contraste, el Estado solicitó que la petición fuera declarada inadmisible porque consideró que los recursos de la jurisdicción interna no han sido agotados al existir una investigación en el fuero ordinario interno destinada a lograr el esclarecimiento de los hechos y la ubicación de las presuntas víctimas.
Cinco años después, la CIDH determinó que los desaparecidos fueron privados de su libertad por parte de militares, con base en elementos de contexto, testigos presenciales, declaraciones de funcionarios públicos, además de múltiples informes.
En un reporte publicado este martes, la CIDH explica que cuando los familiares acudieron a denunciar lo sucedido y a solicitar información, les respondieron que no tenían conocimiento de su detención ni de su paradero, y se activaron mecanismos de encubrimiento. Con base en lo anterior, la comisión calificó los hechos como desaparición forzada.
En el Informe de Fondo, la comisión emitió una serie de recomendaciones como la de investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de las tres personas; conducir los procesos correspondientes por el delito de desaparición forzada; reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos y adoptar medidas para responder a la problemática en Chihuahua y en el país.
La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte porque consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.
En cuanto la Corte IDH dé entrada al caso, tendrá que pronunciarse sobre otras violaciones conexas derivadas de las amenazas y hostigamiento que sufren los núcleos familiares de las víctimas desaparecidas.
El caso podría tardar más de un año en resolverse, toda vez que la Corte IDH debe atender otros asuntos regionales y del país.
En lista sobre los casos mexicanos ante este tribunal se encuentra el de 11 mujeres que fueron abusadas sexualmente en San Salvador Atenco hace 10 años por parte de agentes estatales.
El Economista
México
Ruben Rocha regresa como gobernador de Sinaloa
Rubén Rocha Moya informó que hoy retomó su cargo como gobernador de Sinaloa a más de tres meses de que pidió licencia temporal para separarse del cargo, a pesar de que es investigado por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado, principalemente con el cártel de ‘Los Chapitos’.
En su cuenta de X, el mandatario estatal calificó como “un deber” retomar su cargo para completar con su mandato, que concluye el 31 de octubre del 2027.
“A las y los sinaloenses: A las y los mexicanos: El día de hoy he retomado el ejercicio de mi cargo de Gobernador Constitucional del Estado Sinaloa. Es mi deber cumplir con el mandato de las y los sinaloenses, quienes me eligieron como titular del Poder Ejecutivo para gobernar hasta el 31 de octubre de 2027?, escribió en la red social.
En la misma publicación detalló que durante los más de tres meses que se ausentó del gobierno estatal estuvo a disposición del sistema de justicia de México para ser investigado por los señalamientos en su contra.
Sin embargo, acusó que dichas acusaciones son falsas y fueron promovidas “sin ninguna prueba” por la ultraderecha nacional y extranjera, supuestamente con el objetivo de afectar a la soberanía nacional.
“Durante el lapso que comprendió mi licencia temporal del cargo que solicité al Congreso del Estado el día 1 de mayo de este año, me puse a la orden del sistema de justicia de nuestro país para ser investigado de las falsas acusaciones, que con motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera, me hiciera sin ninguna prueba, una oficina del Gobierno de Estados Unidos, pretendiendo lesionar con sus dichos y calumnias nuestra soberanía nacional”, agregó.
Rocha Moya aseguró que durante su periodo de licencia no recurrió a su fuero constitucional “por personal convicción” y compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), destacando que posteriormente las autoridades informaron que no tienen “los mínimos elementos de prueba” sobre su presunta relación con el crimen organizado.
En este sentido, sostuvo que no ha cometido ningún delito, por lo que regresa al gobierno estatal “con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad” de su lado.
“Durante este período, comparecí personalmente ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), y ante sus agentes del ministerio público, respondí con atingencia y veracidad las preguntas y solicitudes formuladas.
Después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya, en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, que no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea no he cometido ningún delito, conforme al marco constitucional y legal de nuestro país.
“Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultra derecha para dañar, como hoy se sabe a plenitud, al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo”, puntualizó.
El gobernador morenista consideró que con su regreso se “reafirma su biografía personal” y retoma su “participación leal en el proyecto de Estado de Bienestar de la Cuarta Transformación”.
“Así, se reafirma mi biografía personal identificada más que nada con el humanismo educativo, y con una lucha de toda mi vida en favor de las y los pobres de Sinaloa y de México. Que no quepan dudas a nadie; ahora y siempre defenderé, implacablemente y sin concesiones, mi honorabilidad y la de mi familia.
“Con alto orgullo, reivindico mi participación leal en el proyecto de Estado de Bienestar de la Cuarta Transformación, que fraguada por nuestros liderazgos emblemáticos, está cambiando la vida de la gran mayoría de mexicanas y mexicanos que vivían en el olvido y la pobreza. Y en este proyecto trabajaremos hoy con más ahínco que nunca, mi Gobierno y las y los sinaloenses identificados con la causa de los pobres de Sinaloa”, agregó.
Asimismo, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, sumándose a los señalamientos contra la oposición sobre presuntos ataques a la soberanía.
“Lo haremos, bajo el liderazgo de la Jefa del Estado Mexicano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein), quien defiende vigorosamente, con gran convicción y firmeza, los principios rectores de nuestra patria como son la Soberanía Nacional, nuestra democracia y la independencia del pueblo mexicano, frente a las asechanzas de intereses extranjeros, y a la felonía de la ultraderecha opositora”, concluyó.
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