Ciudad Juárez.— La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) inició este viernes un operativo especial de revisión en un crematorio local tras el hallazgo de decenas de cadáveres almacenados de forma irregular, situación que ha encendido alarmas tanto sanitarias como legales en la frontera.

Luis Carlos Tarín Villamar, titular de la Coespris, informó que de manera preliminar se contabilizan cerca de 60 cuerpos en el establecimiento, el cual prestaba servicios mediante subcontratación a por lo menos tres funerarias de Ciudad Juárez. El funcionario precisó que el lugar ya contaba con antecedentes por incumplimiento, incluyendo una multa económica impuesta en 2020 tras detectarse una situación similar durante la saturación de servicios funerarios provocada por la pandemia de COVID-19.

Tarín explicó que el operativo en curso tiene cuatro objetivos principales: la clausura oficial del crematorio por violaciones a protocolos y reglamentos sanitarios; una verificación minuciosa del inmueble; el inicio de procesos para identificar los cuerpos almacenados; y una revisión integral de la documentación administrativa del establecimiento.

En coordinación con la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, se están implementando acciones para brindar apoyo directo a los familiares de los fallecidos. Hasta ahora no se ha confirmado si entre los cuerpos hay casos reportados como desaparecidos o víctimas de delitos.

El titular de Coespris aclaró que no se trata de un crematorio clandestino, pero sí de un establecimiento que ha operado con deficiencias graves en el cumplimiento de las normas sanitarias, lo que ahora ha derivado en esta nueva crisis.

Las autoridades no han revelado públicamente la ubicación exacta del lugar ni los nombres de las funerarias implicadas, pero se espera que en las próximas horas se emita información oficial conforme avance la investigación.

La noticia ha generado conmoción en la comunidad juarense, donde los familiares exigen respuestas, transparencia y sanciones ejemplares contra los responsables. Mientras tanto, el inmueble permanece bajo resguardo de las autoridades estatales.