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Chihuahua

Especializan a Personal de la ASE y Órganos Internos de Control para la investigación faltas de funcionarios públicos

Un grupo de 22 funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de los Órganos Internos de Control del Congreso del Estado, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información lograron la Certificación en Materia de Responsabilidades Administrativas, necesaria para su labor en la detección e investigación de actos indebidos cometidos por servidores públicos.

La ASE en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Chihuahua (ICATECH) impartieron el curso de 40 horas de instrucción que concluyó con la certificación de los asistentes.

Al respecto, la Auditoría Superior del Estado creó la Guía Para la Investigación de Responsabilidades Administrativas, primera en su tipo que servirá a los funcionarios para el seguimiento adecuado de los procedimientos necesarios.

El Auditor Superior, Héctor Acosta Félix destacó la importancia de tener un sistema y funcionarios especializados para iniciar y llevar a cabo los procedimientos de responsabilidades administrativas en las diferentes instituciones.

Antes de la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, explicó el Auditor, se realizaban procedimientos poco equilibrados en los que los órganos internos de control se hacían cargo de todas las etapas de auditoría, queja, investigación y resolución, pero bajo un esquema en el que era difícil que algún funcionario pudiera librarse de una sanción fuera o no responsable de ese acto.

Por su parte la directora del ICATECH, Teresa Piñón Chacón señaló el cuidado con el que se planeó el curso que, anunció se queda como un programa permanente para la capacitación de todos los órganos fiscalizadores y de investigación en la entidad.

Es el primero de tres módulos con lo que se completa el programa de conocimientos para la especialización de los funcionarios involucrados en la investigación de las faltas cometidas dentro del servicio público.

Chihuahua

Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua

Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.

El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.

En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.

¿De qué se acusa a César Jáuregui?

Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.

El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.

Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.

¿Cómo se autorizó la orden de captura?

El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.

Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.

La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.

Lo que todavía falta por esclarecer

Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.

Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.

La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.

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