El Congreso del Estado convocó a la Secretaría de Desarrollo Social, a intensificar la generación e implementación de campañas de concientización y sensibilización, dirigidas a la sociedad en general, para provocar una cultura de inclusión, respeto de los derechos humanos y trato digno en favor de las personas que sufren alguna discapacidad.
La campaña a la que se hace alusión líneas arriba, se hace extensiva a los servidores públicos del Estado, para que mediante programas de capacitación, se encuentren en aptitud de bridarles dicho trato.
En Tribuna la iniciadora de la propuesta, la Diputada Martha Rea y Pérez, comentó “Si pretendemos que en nuestro Estado se reduzcan las brechas existentes en cuanto a la discriminación y garantizar la inclusión de todos los chihuahuenses a condiciones de vida digna, es necesario que las Instituciones cumplamos efectivamente con lo que dispone en primer término”.
Al respecto dijo que aun y cuando se trabaja en dichos objetivos, éstos aún siguen siendo insuficientes para influir en todos los estratos sociales.
Es importante mencionar que en el estado de Chihuahua, existen alrededor de 19 mil 524 personas con discapacidad, quienes han sido integradas al Censo que lleva a cabo el DIF Estatal en los 67 municipios, siendo Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Parral, Delicias y Allende, los municipios que registran una mayor concentración de personas con discapacidad.
Es por lo anterior que el DIF Estatal en colaboración de otras instancias y organizaciones, iniciaron años atrás, un programa que busca identificar a las personas con el firme objetivo de dirigir recursos de movilidad y otros apoyos para su beneficio; sin embargo, la gran mayoría de ellos, no gozan de una inclusión real en el mercado laboral y por consecuencia no cuentan con la posibilidad económica de proveerse a sí mismos, elementos funcionales de primera necesidad, tales como, sillas de ruedas, aparatos auditivos y prótesis de miembros, sólo por citar algunos.
Incluso a lo ya mencionado, se reportan que muchos de ellos no cuentan con un registro civil, ni mucho menos con un certificado de diagnóstico médico, lo que agrava en gran manera la exclusión que padecen en todos los ámbitos sociales.
Por lo descrito es imperativo lograr que las personas que padecen alguna discapacidad, se integren a la sociedad y disfruten plenamente de sus derechos en materia de salud, inclusión al empleo, así como el goce de cualquier otra prerrogativa que les permita desarrollar una vida digna y así satisfagan todas sus necesidades y requerimientos.