México
Estados Unidos sanciona a diputada morenista y exalcaldesa de Rosarito por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Hilda Araceli Brown Figueredo, actual diputada federal por Morena y exalcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, por presuntamente brindar protección a las operaciones ilícitas del Cártel de Sinaloa.
Según la información publicada en el portal oficial de la dependencia, Brown habría facilitado las actividades criminales de Alfonso y René Arzate García, considerados operadores de alto nivel de esta organización. De acuerdo con el documento, la legisladora mantenía una relación cercana con Candelario Arcega Aguirre, quien fue clave para que colocara a aliados en puestos estratégicos dentro del gobierno municipal.
“Durante el mandato de Brown como alcaldesa de Rosarito, Jesús González Lomelí y Candelario Arcega sirvieron como intermediarios entre ella y los hermanos Arzate, aliados de Los Mayos”, señala el informe. Además, detalla que estas personas recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, gestionaron operaciones y garantizaron protección a sus actividades delictivas desde el Departamento de Seguridad Pública local.
El Tesoro estadounidense añadió que Mario Herrera, Karlo Herrera, González, Arcega y Brown fueron designados conforme a la Orden Ejecutiva 14059 y a la 13224 —en su versión enmendada— por actuar o pretender actuar en nombre del Cártel de Sinaloa, de manera directa o indirecta.
Las autoridades también pusieron bajo la lupa los negocios de Jesús González Lomelí, a quien relacionan con 14 empresas, entre ellas JR Alimentos del Mar, Grupo JRCP, Sabor Tapatío, Gotoco Alimentos Procesados, Grupo Hotelero JJJ, Complejo Turístico JJJ, Operadora de Espectáculos, Alimentos y Bebidas J&R, Alimentos y Desvío Insurgentes, Sunset Servicios Gastronómicos, JJ Gonver, Operadora de Alimentos con Orígenes de México, Veintiuno Mexicali, Coco Beach Bar y Cavally Antro & Bar.
Estas compañías fueron designadas bajo las mismas órdenes ejecutivas por ser propiedad, estar controladas o actuar en nombre de González. Como consecuencia, todos los bienes e intereses en bienes de las personas y empresas sancionadas quedan bloqueados en Estados Unidos. Cualquier entidad con 50% o más de participación directa o indirecta de personas bloqueadas también se considera sujeta a estas restricciones.
Con esta acción, Washington intensifica la presión sobre los presuntos vínculos entre redes criminales y actores políticos en México.
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
