México

Estas son las farmacéuticas que AMLO vetó por posible corrupción

El Gobierno Federal dio a conocer el pasado 12 de marzo que, durante la administración de Enrique Peña Nieto, 10 farmacéuticas concentraron el 80 por ciento de la compra de medicamentos para el sector salud.

El pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tres ya no podrán participar en las nuevas licitaciones hasta que se determine si efectivamente incurrieron en actos de corrupción.

Lo curioso es que este gobierno les ha dado a esas mismas farmacéuticas el 30% de las compras que ha hecho en el sector.

“Di a conocer un oficio para que esta empresa y dos más, tres empresas que vendieron el año pasado más de 60 por ciento de toda las medicinas y materiales de curación al gobierno, que no pudiesen, en el marco de la ley, participar en nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si no hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos el año pasado, es una medida preventiva”, dijo el presidente López Obrador.

Las empresas que recibieron contratos multimillonarios por adjudicación directa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que ahora no podrán participar en licitaciones son: Grupo Fármacos Especializados; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, y Farmacéuticos Maypo.

Grupo Fármacos Especializados pertenece a Francisco Pérez Fayad, su actual representante legal es Roberto Enrique Ibarra Estrada. En seis años, esta empresa se llevó una bolsa de 107 mil 546 millones de pesos, es decir, obtuvo el 35% del total de las compras que se realizaron durante el sexenio pasado.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, esta empresa fue señalada por la Auditoria Superior de la Federación por vender medicamentos a sobreprecio.

Sin embargo, continuó siendo proveedora del Gobierno Federal y lo es ahora en el gobierno de López Obrador.

La segunda empresa es Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico “Dimesa”, de Carlos Álvarez Bermejillo, su actual representante legal es Juan Antonio Valeriano Martínez. En seis años obtuvo el 12% del total de las compras de gobierno, por ellas recibió 36 mil 604 millones de pesos.

La tercera empresa es Farmacéuticos Maypo, propiedad de Carlos Arenas Wiedfeldt, como actual representante legal aparece José Atilano Martínez Flores; obtuvo el 11% de las compras de medicamentos, con 35 mil 224 millones de pesos en el sexenio pasado.

Para las compras de medicamentos de este año se destinaron 58 mil millones de pesos y en las adjudicaciones estuvieron presentes integrantes del entonces equipo de transición de López Obrador.

En la plataforma Compranet, las tres empresas tienen 758 contratos celebrados con el actual gobierno federal, por un monto de 26 mil 482 millones de pesos; 27.2% del monto total de los 35 mil 990 contratos que aparecen en esta plataforma para 2019, cuyo monto asciende a más de 97 mil 431 millones de pesos.

Fuente: Noticieros Televisa

México

Gobierno de Rocío Nahle desvió recursos para nóminas de manera ilegal

El Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, ha sido objeto de un dictamen negativo por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a irregularidades en la fiscalización de recursos destinados a la atención médica. Según el Informe Individual de la Auditoría 2118 sobre la Cuenta Pública 2025, se detectó un presunto daño patrimonial que asciende a 87 millones 419 mil 439 pesos, principalmente por el uso indebido del presupuesto para el pago de nóminas.

El informe revela que los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) desviaron 86 millones 920 mil 909 pesos, que estaban destinados para el ejercicio fiscal 2025, para cubrir nóminas correspondientes al ejercicio fiscal 2024. Este desvío se realizó sin las autorizaciones legales y presupuestales necesarias, así como sin la documentación que justificara dicho uso de recursos.

Además, la ASF identificó serias deficiencias en los controles administrativos internos de los SESVER, otorgándoles una calificación de 65.4 sobre 100 en su nivel de control interno. La auditoría constató que la dependencia estatal no atendió las recomendaciones emitidas en la Cuenta Pública 2024 y mantuvo cuentas bancarias que no eran “específicas”, lo que resultó en la mezcla de recursos de diferentes orígenes y transferencias cuyo destino legal no pudo ser determinado.

El informe también destacó irregularidades adicionales, como diferencias no aclaradas en el pago de servicios personales del Programa U013, que suman 266 mil 530 pesos, así como el incumplimiento en la devolución oportuna de 232 mil pesos de capital no devengado a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Estas irregularidades ponen en evidencia la falta de transparencia y control en la gestión de recursos públicos en el estado de Veracruz.