Política

Estos son los puntos del Cuarto Informe de Peña Nieto

A una semana de que el presidente Enrique Peña Nieto envíe al Congreso de la Unión su Cuarto Informe de Gobierno, se destaca que el documento se basa en cinco ejes fundamentales que han permitido lograr un país con educación de calidad, próspero, incluyente, en paz y con responsabilidad social.

Explica que para brindar a los niños y jóvenes la educación de calidad que merecen, el gobierno de la República trabaja en tres objetivos fundamentales que son: tener mejores escuelas, maestros y contenidos educativos.

Además de estar comprometido a convertir la inversión en ciencia, tecnología e innovación, en una verdadera palanca de desarrollo y a potenciar el de la creación artística y el deporte, explica la Presidencia de la República en su blog.

Se puso en marcha el programa Escuelas al CIEN, un novedoso esquema financiero para mejorar la infraestructura escolar de los planteles de educación básica, media superior y superior.

En el periodo de 2013 a 2016 se han invertido seis mil 166 millones de pesos para fortalecer el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a nivel nacional.

SEGUNDO EJE
El segundo eje del cuarto informe de gobierno precisa que desde el inicio de esta administración, “nos propusimos construir un México Próspero, basado en una economía fuerte y productiva, con beneficios que se reflejan en mayor desarrollo y mejor calidad de vida para las familias mexicanas”.

Para ello, se trabaja en tres objetivos que son claros, publica el gobierno de la República: Proteger la estabilidad macroeconómica alcanzada, impulsar un cambio estructural que haga más productiva y competitiva la economía, y promover el desarrollo equilibrado de las distintas regiones del país.

El objetivo de México Próspero es eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país, mediante una política hacendaria responsable.

Entre ellos, se eliminó el cobro de Larga Distancia Nacional, desapareció el roaming nacional, disminuyó el costo de la telefonía celular, el Internet y larga distancia internacional.

TERCER EJE
En el tercer eje denominado México incluyente, el documento expone que se dejó el enfoque asistencialista y para revertir esa situación de rezago y marginalidad se puso en marcha una política social con una visión integral basada en derechos, generación de oportunidades y desarrollo de capacidades productivas para combatir la pobreza.

“Estamos comprometidos con la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas, así como con la participación ciudadana en el diseño, operación y supervisión de los programas sociales.”

CUARTO EJE
México en Paz, es el cuarto eje donde se expone que las acciones del gobierno mexicano permiten contar con una sociedad civil organizada y cada vez más participativa.

Que “hoy en día somos un país de libertades, que ha hecho de la unidad en la diversidad, una de sus mayores fortalezas y que se cuenta con medios de comunicación más libres y críticos”.

Este año entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción que tiene como objetivo coordinar a las autoridades de la prevención, detección y sanción de actos de corrupción y faltas administrativas, así como de la fiscalización y control de recursos públicos.

Los funcionarios de todos los órdenes de gobierno deben rendir cuentas. Gracias al fortalecimiento de la fiscalización, se asegura que los recursos públicos lleguen a más personas que lo necesitan.

También se creó la Gendarmería Ambiental para proteger la integridad de nuestras áreas naturales; y por primera vez en nuestro país tenemos un cuerpo especializado en la prevención, reacción y combates a las actividades ilegales que amenazan la biodiversidad.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal surgió porque la ciudadanía demandaba un cambio radical en la justicia de todo el país. Gracias a este cambio, los ciudadanos ya pueden vigilar más de cerca el trabajo de los funcionarios y evitar excesos, abusos o impunidad.

QUINTO EJE
Finalmente, expone que para alcanzar un México con Responsabilidad Global se trabaja en cuatro frentes que consisten en fortalecer la presencia de México en el mundo, a fin de generar oportunidades para los mexicanos; participar activa y comprometidamente frente a los desafíos globales; protegiendo a los mexicanos en el exterior e implementando una política migratoria diseñada para garantizar flujos migratorios seguros y ordenados.

Mediante el programa Proyecta 100,000 se otorgan becas de capacitación para cursos estudios intensivos de inglés como segunda lengua en centros certificados de instituciones de educación de los Estados Unidos.

Con información de Notimex

Política

PAN prepara nueva iniciativa electoral tras resolución de la SCJN

Alfredo Chávez Madrid aseguró que el Congreso de Chihuahua acatará el fallo, pero buscará conservar medidas contra la injerencia del crimen organizado y atender los señalamientos sobre nepotismo e intervención extranjera

Chihuahua .- Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma electoral de Chihuahua, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, anunció que la bancada presentaría ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una nueva iniciativa para adecuar la legislación a los criterios establecidos por el máximo tribunal.

El legislador afirmó que, aunque el PAN mantiene una postura crítica respecto a algunos aspectos del fallo, respetará la determinación judicial y realizará las modificaciones correspondientes dentro del plazo establecido. “Como siempre hemos sido demócratas y creemos en el Estado de derecho, vamos a acatar la sentencia de la Corte. La Corte nos ha obligado a legislar y lo vamos a hacer en tiempo y forma”, declaró.

Entre los ajustes contemplados se encuentran disposiciones relacionadas con la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral, así como las adecuaciones necesarias en materia de nepotismo electoral. De acuerdo con Chávez Madrid, la propuesta buscará mantener mecanismos destinados a evitar que organizaciones criminales tengan influencia en partidos políticos, candidaturas o procesos electorales, aunque bajo los parámetros fijados por la SCJN.

La Corte invalidó, entre otros puntos, disposiciones que permitían establecer consecuencias electorales a aspirantes, precandidatos o candidatos por actos ilícitos cometidos por terceras personas cuando no se acreditara responsabilidad propia. El criterio se sustentó en principios como culpabilidad, presunción de inocencia y legalidad, mientras que se mantuvieron las sanciones cuando las conductas sean realizadas directamente por la persona candidata o aspirante.

Chávez Madrid cuestionó particularmente esta parte de la resolución, al considerar que limita uno de los componentes centrales de la reforma aprobada en Chihuahua. Desde su perspectiva, la intervención de grupos delictivos en una elección podría darse mediante financiamiento, imposición de candidaturas, participación durante los comicios o acuerdos posteriores con autoridades electas, por lo que sostuvo que el Congreso debe conservar herramientas para enfrentar esos escenarios.

El coordinador panista también criticó a Morena por haber impugnado ante la Suprema Corte algunas de las disposiciones de la reforma. Durante su posicionamiento, afirmó que dicha impugnación demuestra, desde su perspectiva, una defensa de los intereses del crimen organizado en Chihuahua. Ese señalamiento corresponde a la postura política expresada por el legislador y no constituye una conclusión de la SCJN.

Pese a sus cuestionamientos, el diputado reiteró que la bancada panista cumplirá con la resolución y presentará una propuesta ajustada al marco constitucional. “Esta legislación, compañeros, compañeras, no es del PAN, no es para el PAN”, sostuvo, al insistir en que las medidas deben aplicarse a cualquier fuerza política o candidatura cuando se actualicen los supuestos previstos por la ley.

Con la nueva iniciativa, el Congreso de Chihuahua buscará armonizar la legislación electoral con los criterios establecidos por la Suprema Corte, mientras el PAN pretende conservar disposiciones orientadas a impedir la intervención de organizaciones criminales en los procesos electorales, pero dentro de los límites constitucionales determinados por el máximo tribunal.