El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado el 29 de septiembre de 2026, en el que se informa sobre las recientes sanciones del Departamento del Tesoro, las cuales destacan la influencia corrosiva de los cárteles en la gobernanza de México, con un enfoque particular en Baja California. Estas sanciones buscan visibilizar el impacto del crimen organizado en la política local y ofrecen recompensas por información que conduzca a la detención de ciertos individuos sancionados.

Las sanciones afectan a varios personajes clave, incluyendo al exmarido de la gobernadora de Baja California y a un exdirector de seguridad pública de Mexicali. Se les acusa de haber aceptado sobornos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa de las acciones de las fuerzas del orden. El comunicado del Departamento del Tesoro subraya que estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio para combatir la corrupción y el crimen organizado en la región.

Además, el Departamento del Tesoro ha ofrecido recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que lleve al arresto y/o condena de los jefes de plaza de Tijuana, Alfonso Arzate García, conocido como “Aquiles”, y René Arzate García, apodado “La Rana”. También se ofrece la misma cantidad por información que conduzca al arresto y/o condena del líder del cártel de Mexicali, Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”.

El comunicado también menciona a Carlos Torres Torres, quien ha sido identificado como parte de la red del Mayito Flaco. Se le acusa de utilizar su influencia política para facilitar y proteger las actividades del grupo criminal, así como de interferir en el actuar del Gobierno de Baja California y las fuerzas de seguridad. La administración estadounidense podría acusarlo de financiar el terrorismo.

Las sanciones también vinculan a los hermanos Carlos y Luis Alfonso Torres Torres con el brazo armado de Los Rusos, implicándolos en actividades que benefician a la facción Mayiza del Cártel de Sinaloa. Tanto Carlos Torres como la gobernadora Ávila Olmeda han rechazado las acusaciones formuladas por el Tesoro, deslindándose de cualquier vínculo con las actividades delictivas mencionadas.