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EU investiga a altos funcionarios venezolanos por posible tráfico de drogas

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Autoridades de Estados Unidos están investigando al poderoso presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y a otros altos funcionarios por supuesto tráfico de cocaína y lavado de dinero, reportó el diario Wall Street Journal.

El diario, que citó a más de 12 personas cercanas a las investigaciones, dijo que fiscales federales de Nueva York y Miami y una unidad de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) están recopilando evidencia de ex traficantes de cocaína, desertores militares de Venezuela y personas que estuvieron cerca de altos funcionarios.

El periódico dijo que el presidente venezolano Nicolás Maduro, un enemigo ideológico de Washington, no era objeto de las investigaciones de Estados Unidos.

Durante años líderes de la oposición venezolana y funcionarios de Estados Unidos han acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas a los gobiernos de Maduro y su antecesor Hugo Chávez.

Pero las autoridades en Caracas han desestimado las denuncias, que consideran parte de una campaña de Washington para poner fin a los 16 años de mandato socialista en el país miembro de la OPEP.

El periódico español ABC dijo en enero que un ex miembro del equipo de seguridad de Cabello había huido de Venezuela para luego acusarlo ante las autoridades de Estados Unidos de ser el líder de una red de narcotráfico.

En respuesta, Cabello, el segundo en importancia en el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), presentó una demanda por difamación contra 22 personas vinculadas a tres medios de comunicación que difundieron la historia del ABC.

«Yo me siento agraviado. Ninguno de ellos ha pedido disculpas ¿y ahora el malo soy yo? Que me acusaron de narcotraficante sin una sola prueba», dijo Cabello en su programa semanal de televisión la semana pasada.

En su informe, el Wall Street Journal citó a un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que dijo que Cabello es «un objetivo principal» de la investigación, y añadió que había «extensa evidencia» para sugerir que era uno de los jefes de un cártel de la droga, compuesto también por militares y altos funcionarios de Gobierno.

«Es una organización criminal», dijo el funcionario no identificado del Departamento de Justicia, según el reporte.

El diario también citó a autoridades estadounidenses diciendo que las pesquisas están bastante avanzadas, pero que cualquier acusación podría esperar hasta que haya arrestos.

Las detenciones podrían ser imposibles, a menos que los sospechosos abandonen Venezuela, añadió el periódico.

El gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami; el ex director de la inteligencia militar, Hugo Carvajal; el comandante de la Guardia Nacional, Néstor Reverol y el ministro de Industrias, director del servicio aduanero y hermano de Cabello, José David Cabello, también estarían incluidos en la investigación.

El artículo agrega que las investigaciones se hacen a raíz de un auge en el tráfico de drogas en Venezuela, luego que muchos narcotraficantes colombianos mudaron sus operaciones a territorio venezolano tras la represión del Gobierno.

Noticieros Televisa

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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