El gobierno de Estados Unidos tiene la prioridad sobre el de México en la solicitud de extradición a Italia del exgobernador priista de Tamaulipas Tomas Yarrington, acusado en el estado de Texas de delitos de relacionados al lavado de dinero y tráfico de drogas.
“Fue en el gobierno del expresidente Barack Obama cuando solicitamos al de Italia la ubicación, arresto y extradición del señor Yarrington”, explicó a Apro el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Sin precisar la fecha exacta del pedido a Italia –por tratarse de un proceso judicial en curso-, el gobierno de Estados Unidos está seguro de que recibirá a Yarrington en las próximas horas.
El encausamiento judicial contra el exmandatario tamaulipeco en la Corte Federal en Brownsville, Texas, fundamenta la solicitud de ubicación, captura y extradición que envió el gobierno del expresidente Obama al gobierno italiano.
“Estados Unidos fue el primero en pedir a Italia la extradición del señor Yarrington. Aunque hubo colaboración posterior con las autoridades mexicanas, las italianas y la Interpol para la conclusión de este caso”, subrayó el Departamento de Justicia.
El pasado 21 de marzo, el procurador General de la República (PGR), Raúl Cervantes, estuvo en Washington realizando una visita de trabajo, durante la cual se entrevistó con su homólogo estadunidense Jeff Sessions.
Funcionarios del Departamento de Justicia confirmaron este lunes a Apro, que en dicha reunión Cervantes solicitó a Sessions la colaboración de Estados Unidos para fortalecer en Italia las tareas de ubicación y captura de Yarrington.
Desde el 17 de diciembre de 2012, el gobierno de México había pedido la participación de la Interpol para capturar a Yarrington.
Pese a tener una antigüedad de cinco años y tres meses, la emisión de la ficha roja pedida por México no había resultado en nada, y el arresto de Yarrington vino 14 días después de la reunión entre Cervantes y Sessions.
Por los delitos que le imputan en Texas y de ser declarado culpable durante un juicio, luego de su extradición, el exgobernador priista enfrentaría una sentencia mínima de 50 años de cárcel o cadena perpetua como castigo máximo.
La reducción de sentencias en Estados Unidos para el caso de criminales acusados de tráfico de drogas y lavado de dinero es un mecanismo que podría estar al alcance de Yarrington, siempre y cuando el exmandatario estuviera dispuesto a cooperar.
Para convertirse en testigo protegido o recibir una sentencia menos severa a la que le compete a los delitos que le achaca Estados Unidos, Yarrington tendría que proporcionar datos sobre la operación de los cárteles del Golfo y Los Zetas en Tamaulipas durante su mandato, así como los nombres de funcionarios públicos a todos los niveles de gobierno que recibían dinero del narcotráfico.
Toda información proporcionada por testigos protegidos o criminales que reciben sentencias menos severas a cambio de su colaboración, el gobierno de Estados Unidos la integra a expedientes criminales contra otras personas a quienes investiga o sobre los cuales está elaborando encausamientos judiciales.

Apro