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Política

Evaluación no afectará los derechos laborales de los maestros: Rosemberg Loera

El diputado Rosemberg Loera Chaparro, dijo ante la tribuna del Congreso del Estado, que ante las distintas inquietudes manifestadas por diversos grupos que se han pronunciado públicamente en relación al tema de la evaluación magisterial, y su impacto en los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

El diputado Rosemberg Loera Chaparro, dijo ante la tribuna del Congreso del Estado, que ante  las distintas inquietudes manifestadas por diversos grupos que se han pronunciado públicamente en relación al tema de la evaluación magisterial, y su impacto en los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

Debido a que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha definido ya el calendario de aplicación de la evaluación al desempeño de maestros, directores y supervisores de educación básica y media superior; las y los legisladores que integramos esta Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, manifestamos a la sociedad lo siguiente:

Que reconocemos en las maestras y maestros de Chihuahua, los forjadores de la historia de nuestra tierra, y los artífices del desarrollo educativo, social y cultural de la sociedad chihuahuense a través de su compromiso con nuestros niños, con  nuestros jóvenes y con la sociedad a la que han servido sin distinción de clases ni exclusivismos de ningún tipo, siempre dispuestos a dar lo mejor de sí mismos con entrega, responsabilidad  y profesionalismo.

Que en todo momento, confirmamos nuestro compromiso con la educación de los chihuahuenses, garantizando que en Chihuahua somos profundamente respetuosos del Estado de Derecho que nos marca la Constitución y las leyes que nos rigen, asumiendo la alta responsabilidad de velar por los intereses y los derechos fundamentales de las y los chihuahuenses.

Que de acuerdo a la Ley Estatal de Educación vigente,  es garantía que los derechos laborales de las maestras y maestros quedan a salvo ante la reforma educativa,  en tanto que legalmente, el Gobierno del Estado de Chihuahua se obliga a respetar íntegramente los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación, y que  se reconoce al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como el titular de las relaciones laborales colectivas de los trabajadores de la educación.

Que el servicio profesional docente, de acuerdo a la Ley de la Materia tiene como propósito mejorar la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines para el desarrollo integral de los educandos y el progreso del país, así como otorgar los apoyos necesarios para que el Personal del Servicio Profesional Docente pueda desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades a través de la formación, capacitación y actualización continua.

Que en base a ello, las evaluaciones que han iniciado a aplicarse a los docentes no deben ser motivo de especulaciones negativas, ni tampoco son sinónimo de oscuros procesos para despedir a los maestros de su trabajo.

Antes bien, deben fortalecer, de acuerdo a las leyes vigentes, sus competencias y habilidades en beneficio del interés superior del niño, y en este sentido apoyar el avance de los trabajadores de la educación en su trayectoria profesional.

Que es responsabilidad de los tres niveles de gobierno desde cualquier representación del poder, de la autoridad educativa, de los padres de familia, de las maestras y maestros de Chihuahua, de las autoridades sindicales, de las alumnas y alumnos del sistema educativo estatal, así como de la sociedad en su conjunto, trabajar intensa y solidariamente para fortalecer las prácticas y los procesos tendientes a promover mayor calidad en la educación de las y los chihuahuenses bajo los principios de la equidad, la inclusión y la justa distribución de los recursos públicos.

Que es obligación prioritaria de la autoridad educativa, establecer una coordinación adecuada para que, a través de las instancias correspondientes, se oriente,  informe, y prepare  adecuada y puntualmente a los docentes de Chihuahua para enfrentar exitosamente el proceso de evaluación, dando a estos la confianza suficiente de que el único propósito es trabajar de manera coordinada para mejorar la calidad de la educación pública, y de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, atentar contra sus derechos laborales.

Finalmente, mediante el presente pronunciamiento, esta Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, ratificamos nuestro compromiso para asegurar que los derechos y condiciones laborales de las maestras y maestros sean respetados con puntualidad, trasparencia y objetividad.

Política

Expolicías federales denuncian recortes salariales y hostigamiento laboral

Expolicías federales denuncian recortes salariales y hostigamiento laboral

Elementos de la extinta Policía Federal han denunciado un recorte salarial del 70 por ciento en su última quincena, así como la suspensión de sus actividades y la prohibición de firmar asistencia, tras negarse a aceptar tareas de vigilancia en edificios gubernamentales asignadas por el Servicio de Protección Federal. La denuncia fue realizada el 2 de octubre de 2026 por Mayra, exintegrante de la Policía Federal, quien destacó que esta reducción salarial afecta gravemente el bienestar de sus familias, impactando en aspectos esenciales como la alimentación, la educación de sus hijos, el pago de créditos y el transporte.

Mayra exigió que cualquier sanción o suspensión sea notificada por escrito y conforme a la legalidad, para evitar afectaciones en su situación laboral. Los agentes afectados consideran que esta medida es una represalia por haber solicitado su reincorporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de acuerdo con un decreto emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Los exagentes argumentan que no se oponen a trabajar, sino que poseen estudios de licenciatura, maestría y capacitaciones en el extranjero, lo que les lleva a considerar que las labores propuestas no se ajustan a su perfil profesional.

Por su parte, la SSPC informó que actualmente siete mil 121 elementos están desempeñando funciones operativas y administrativas, mientras que 84 de ellos mantienen su negativa a incorporarse al servicio asignado. Ante esta situación, el Consejo de Honor ha determinado como medida preventiva que los involucrados reciban un mínimo vital, equivalente al 30 por ciento de sus percepciones.

Mariana, otra exintegrante de la Policía Federal, acusó que desde la creación de la Guardia Nacional en 2018 y 2019, han enfrentado un proceso sistemático de hostigamiento para forzarlos a renunciar. Además, denunció violaciones al debido proceso, al señalar que se les ha negado el acceso a los expedientes administrativos y a las notificaciones formales correspondientes.

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