Política
Ex fiscal de Nayarit se declara inocente en corte de NY
El ex fiscal general del estado mexicano de Nayarit, Edgar Veytia, se declaró hoy inocente de los tres cargos que se le imputan, durante su presentación y arraigo ante la corte del distrito este de Nueva York, ubicada en el condado de Brooklyn.
Vestido con ropa de civil, Veytia expresó su no culpabilidad de los cargos relacionados con su presunta conspiración para importar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana en Estados Unidos, entre enero de 2013 y febrero de 2017.
De acuerdo con la acusación, Veytia conspiró con otros individuos, cuya identidad no fue revelada en el expediente, para distribuir en Estados Unidos un kilo o más de heroína; cinco kilos o más de cocaína; 500 gramos o más de metanfetamina; y mil kilos de mariguana.
Los documentos asientan además que Veytia, quien según sus abogados es también ciudadano estadunidense, era conocido por los apodos de “El diablo”, “eepp” y “Lic Veytia”.
El magistrado de la corte respondió por teléfono a la presentación de Veytia, y fijó la próxima audiencia para el miércoles 12 de abril, aunque la defensa del ex funcionario mexicano indicó que solicitará una prórroga para que el caso inicie el lunes 17 de abril.
El ex fiscal fue presentado en Nueva York, luego de su traslado desde la ciudad de San Diego, California, donde fue arrestado en marzo pasado durante su ingreso a Estados Unidos.
Tras la presentación del exprocurador, Gretchen Von Helms, abogada de Veytia, declaró a medios de información locales que disputaría las razones por las que el caso fue radicado en Nueva York, al considerar que esta corte carece de jurisdicción para juzgar al ex funcionario mexicano.
Von Helms reveló que Veytia está detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una cárcel común donde convivirá con otros reos y donde tendrá contacto con su familia y sus abogados.
La abogada señaló que hasta el momento no ha visto la evidencia del caso ni los informes en que se basa la acusación, razón por la que pedirá unos días adicionales a la corte para preparar el caso.
“Existen muchos diferentes detalles sobre los supuestos cargamentos. Quizá haya grabaciones de audio y de video, pero no hemos visto aún nada en este momento. Estamos empezando desde cero y será un largo y lento proceso que podría durar entre dos y tres años”, afirmó Von Helms.
Asimismo, la abogada aseveró que preparará una solicitud de fianza a fin de que Veytia pudiera seguir su caso en libertad.
Rechazó además que el caso tenga relación alguna con el del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, que también se desahoga en la corte de Brooklyn.
MVS
Política
Expolicías federales denuncian recortes salariales y hostigamiento laboral
Elementos de la extinta Policía Federal han denunciado un recorte salarial del 70 por ciento en su última quincena, así como la suspensión de sus actividades y la prohibición de firmar asistencia, tras negarse a aceptar tareas de vigilancia en edificios gubernamentales asignadas por el Servicio de Protección Federal. La denuncia fue realizada el 2 de octubre de 2026 por Mayra, exintegrante de la Policía Federal, quien destacó que esta reducción salarial afecta gravemente el bienestar de sus familias, impactando en aspectos esenciales como la alimentación, la educación de sus hijos, el pago de créditos y el transporte.
Mayra exigió que cualquier sanción o suspensión sea notificada por escrito y conforme a la legalidad, para evitar afectaciones en su situación laboral. Los agentes afectados consideran que esta medida es una represalia por haber solicitado su reincorporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de acuerdo con un decreto emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Los exagentes argumentan que no se oponen a trabajar, sino que poseen estudios de licenciatura, maestría y capacitaciones en el extranjero, lo que les lleva a considerar que las labores propuestas no se ajustan a su perfil profesional.
Por su parte, la SSPC informó que actualmente siete mil 121 elementos están desempeñando funciones operativas y administrativas, mientras que 84 de ellos mantienen su negativa a incorporarse al servicio asignado. Ante esta situación, el Consejo de Honor ha determinado como medida preventiva que los involucrados reciban un mínimo vital, equivalente al 30 por ciento de sus percepciones.
Mariana, otra exintegrante de la Policía Federal, acusó que desde la creación de la Guardia Nacional en 2018 y 2019, han enfrentado un proceso sistemático de hostigamiento para forzarlos a renunciar. Además, denunció violaciones al debido proceso, al señalar que se les ha negado el acceso a los expedientes administrativos y a las notificaciones formales correspondientes.
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