Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas ligado al narco, libró cargos por lavado de dinero y peculado, pues un juez determinó que no había pruebas para sustentar las acusaciones.

José Guadalupe de la Cruz Bocanegra, juzgador penal de Primer Distrito en el Estado de México, ordenó la inmediata libertad del priista por falta de elementos para procesar en los delitos cometidos en agravio de la sociedad y del patrimonio de Tamaulipas.

Sin embargo, el ex gobernador permanecerá en prisión debido a otras acusaciones. Actualmente se mantiene recluido en el Centro Preventivo y de Actuación Social de Tenango del Valle, en la entidad mexiquense.

El oficio de liberación fue emitido este 17 de septiembre reciente al director del penal, luego de cinco amparos tramitados a favor del acusado, donde se argumentó que no había evidencias, testimonios sólidos ni otras justificaciones para ilícitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El ex gobernador de Tamaulipas fue trasladado a un penal de máxima seguridad. ( Foto: Twitter osdtagle)

Hernández Flores fue detenido el 6 de octubre de 2017 y aún enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por lavado de dinero. Un juez mexicano dictaminó a principios de 2018 que por ser delitos más graves, debía enfrentar primero los cargos en México.

El priista gobernó Tamaulipas entre 2005 y 2010, pero al menos desde 2008, la Administración del Control de Drogas (DEA) detectó que lavaba dinero para el Cártel del Golfo junto con su cuñado, Oscar Manuel Gómez Guerra.

Ambos fueron acusados formalmente ante la Corte del Distrito Sur de Texas el 27 de mayo de 2015, según registros judiciales. Entre otros cargos le atribuyen delitos de asociación delictuosa para cometer fraude bancario, lavado de dinero y operaciones de un negocio de envíos de dinero sin licencia.

En agosto de 2020, fue informado que se retomarían indagatorias en contra del ex gobernador. Y es que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas identificó que entre los años 2000 y 2010 (cuando Eugenio Hernández fue diputado federal, alcalde y gobernador bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional), acumuló bienes e inmuebles por 54 millones 306 mil 469 pesos, lo que no correspondía con sus percepciones como funcionario público.

Junto con Yarrington se anunció que Hernández Flores sería investigado por la Haya (Fotos: Cuartoscuro)

Al pedirle que comprobara el origen de los recursos, el ex gobernador Tamaulipeco sólo pudo acreditar 13 millones 328 mil 675 pesos.

Entre los inmuebles que se le encontraron, de acuerdo con la investigación de la UIF de Tamaulipas, están un rancho, una hacienda, otros inmuebles y locales, además de que es dueño o socio de seis empresas.

De acuerdo con las investigaciones, la mayor parte de la riqueza del priista se acumuló entre el 5 de febrero de 2005 y 31 de diciembre de 2010, periodo en el que fue gobernador.

El político ha intentado que el presidente Andrés Manuel López Obrador “reconsidere” la decisión de entregarlo a Estados Unidos y que le permita enfrentar su proceso de extradición en libertad.

En diciembre del año pasado, el activista tamaulipeco Giovanni Barrios Moreno informó que Hernández Flores como su sucesor en la gubernatura, Tomás Yarrington, serían investigados por la Corte Internacional de Justicia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), también conocida como La Haya.

De acuerdo con el presidente de la organización Justicia Tamaulipas, quien presentó la denuncia desde agosto de 2018, las indagatorias serían por delitos de lesa humanidad en su modalidad de desaparición forzada.

“Han encontrado suficientes elementos para iniciar una investigación contra estos ex gobernadores, por ello se hará un análisis para que puedan ser juzgados por los delitos de lesa humanidad”, comentó en conferencia de prensa Barrios Moreno.

El activista puntualizó que se entregaron más de 450 pruebas a La Haya con las cuales buscaron demostrar a las autoridades que los ex mandatarios eran culpables de estos delitos, además de argumentar que durante sus periodos de gobierno fueron omisos y permitieron que los grupos delictivos actuaran a cambio de sobornos.

Según sus análisis e investigaciones, más de 10,000 personas padecieron este problema. Incluso, Giovanni Barrios Moreno fue una víctima colateral de los criminales, pues su hijo fue desaparecido en el 2008.