La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) se congratula de la aprobación y entrada en vigor, de la Reforma Constitucional que obliga a las autoridades de todos los órganos de gobierno, en el ámbito de su competencia, a implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la Ley General en la materia.

La Ley General que emita el Congreso, debe ser la columna vertebral de un verdadero Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, que se convierta en promotor de la inversión, la transparencia y el desarrollo económico.

Dicho Ordenamiento, deberá ser expedido por el Congreso de la Unión en un lapso máximo de 180 días naturales.

El reto es enorme, estamos ante la oportunidad histórica de lograr una transformación en la forma como el ciudadano se relaciona con el gobierno, de acabar con la corrupción derivada de la discrecionalidad de las normas en sus distintos ámbitos de aplicación, a nivel federal, estatal y municipal.

La responsabilidad de los Diputados y Senadores, para establecer un marco jurídico adecuado, no debe limitarse solo a un catálogo de buenos deseos, sino al establecimiento de normas claras que determinen que ninguna autoridad puede pedir requisitos más allá de los establecidos expresamente en la norma, y que la norma de procedimiento sea la misma, no importando que el trámite sea del ámbito federal, estatal o municipal.

COPARMEX, a través de sus 65 Centros Empresariales y su Comisión Nacional de Competitividad, llevará sus propuestas en esta materia ante los legisladores federales de cada estado, con objeto de lograr que esta nueva legislación sea un verdadero detonante de la actividad económica y el consumo interno, en momentos en que nuestro país más lo requiere.

Uno de los principales inhibidores de la competitividad es la excesiva carga regulatoria que genera costos administrativos excesivos a las empresas, distrayéndolas de su actividad principal. Estudios consideran que hasta un 15 por ciento del gasto administrativo de una empresa pudiera ahorrarse si las regulaciones y trámites fueran más sencillos.