La diputada de morena planteó diez preguntas al encargado del despacho sobre su preparación jurídica, el rezago en investigaciones, los resultados de Centinela y las garantías de independencia de la Fiscalía

Chihuahua. — La diputada de morena, María Antonieta Pérez Reyes, presentó una serie de preguntas a la autoridad dirigidas a Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, para exigir transparencia sobre su nombramiento, su preparación profesional y los resultados que compromete entregar al frente de la institución.

La legisladora cuestionó qué resultados respaldan la decisión de la gobernadora Maru Campos y solicitó información verificable sobre las credenciales académicas de Loya, los requisitos legales de su designación, las investigaciones pendientes, las detenciones declaradas ilegales durante su gestión en Seguridad Pública y las aportaciones del sistema Centinela a las acusaciones y sentencias judiciales. También pidió conocer cómo se garantizará la imparcialidad de las investigaciones y si el funcionario pretende competir por una designación de ocho años bajo evaluación pública.

Pérez Reyes recordó que Chihuahua se ha mantenido entre las entidades con mayor número de víctimas de homicidio doloso: ocupó el segundo lugar nacional en 2025 y el tercero entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con los datos que presentó. Sostuvo que estos antecedentes hacen necesario evaluar la estrategia de seguridad con indicadores comparables y resultados documentados.

La diputada solicitó respuestas por escrito y documentos que permitan verificar la información, además de compromisos concretos para reducir el rezago de las investigaciones y presentar resultados en un plazo de 90 días. Subrayó que la responsabilidad del funcionario es inmediata, aunque su encargo sea provisional, y que la gobernadora debe explicar las razones y evidencias que sustentan su decisión.

“Las víctimas no tienen una justicia provisional ni pueden poner su dolor en pausa”, señaló la legisladora, al advertir que la eficacia de la Fiscalía debe medirse por la calidad de las investigaciones, las pruebas que sostienen las acusaciones y los resultados ante los tribunales, no únicamente por la infraestructura tecnológica o los anuncios oficiales.