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Chihuahua

Exige el PRI destitución de la secretaria de la Función Pública

Esta mañana el Presidente y la Secretaria General del PRI en Chihuahua, José Guillermo Dowell Delgado y Liz Aguilera García exigieron la inmediata destitución de la Lic. Rocío Steffany Olmos Loya como Secretaria de la Función Pública Estatal y la aclaración de la situación jurídica del Lic César Peniche Espejel, Fiscal General del Estado.
Lo anterior, luego de que a través de medios de comunicación se dio a conocer que la actual Secretaria de la Función Pública estatal ha tenido 3 sanciones de suspensión por parte de la Secretaria de la Función Pública federal por diversas violaciones a la Ley, durante los últimos años, mientras trabajó para la Presidencia de la República y para la Secretaria de Gobernación.
Estas violaciones a la Ley hacen evidente que no puede desempeñar el cargo que ahora detenta, donde debiera estar vigilando el correcto actuar de los servidores públicos chihuahuenses, siendo evidente que carece de la calidad para vigilar o sancionar a otros, cuando ella misma ha sido sancionada por violar la ley en la esfera administrativa.
Por otra parte, requieren al Gobernador Corral para que se haga pública la situación del Fiscal General del Estado, respecto del cual se ha dado a conocer también la existencia de una suspensión por la autoridad federal, la cual anoche mismo aclaró la Fiscalía General que está sujeta a un litigio en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siendo indispensable por el bien de la sociedad chihuahuense y del propio gobierno estatal, que se le dé el seguimiento puntual y se informe de la resolución que al respecto se emita, para tener la certeza de que el funcionario antes citado no está inhabilitado para ocupar el cargo para el cual protestó.
El PRI de Chihuahua reconoce el papel fundamental que juegan los medios de comunicación para dar a conocer esta situación, que está en el centro del interés público.

Chihuahua

Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua

Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.

El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.

En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.

¿De qué se acusa a César Jáuregui?

Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.

El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.

Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.

¿Cómo se autorizó la orden de captura?

El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.

Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.

La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.

Lo que todavía falta por esclarecer

Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.

Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.

La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.

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