La regulación del uso de celulares y dispositivos digitales en las escuelas debe demostrar su efectividad en la mejora de las condiciones de aprendizaje y convivencia, y no limitarse a la simple prohibición de su uso durante la jornada escolar. Esta es la postura de la organización Educación con Rumbo, que se pronunció sobre el Acuerdo 09/09/26 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual entrará en vigor el próximo 3 de noviembre de 2026.

La organización considera positivo que México establezca criterios nacionales para el uso responsable y seguro de dispositivos digitales en las escuelas, tanto públicas como privadas. Sin embargo, enfatiza que el principal desafío será la implementación de estas normas y solicita claridad sobre los métodos de evaluación que se utilizarán para determinar si la estrategia es efectiva.

“Reconocer el avance también implica exigir claridad sobre su implementación”, indicó Educación con Rumbo, al cuestionar qué acciones concretas deberán llevar a cabo las escuelas para demostrar que las nuevas disposiciones se aplican de manera adecuada.

Además, la organización pidió que se especifiquen las condiciones bajo las cuales se podrá utilizar la tecnología con fines pedagógicos, los dispositivos que podrán ser empleados y los criterios que se aplicarán en cada nivel educativo. Este llamado se basa en los resultados de una consulta nacional realizada por la SEP, en la que participaron 565 mil 396 figuras educativas.

El acuerdo establece reglas diferenciadas según el nivel educativo, lo que ha sido bien recibido por Educación con Rumbo. Sin embargo, también advirtió que es fundamental que la regulación no profundice las brechas digitales, especialmente en aquellas escuelas que aún enfrentan problemas de conectividad.

“Regular el celular no puede significar dejar fuera de la transformación digital a quienes tienen menos acceso a la tecnología”, sostuvo la organización. Por lo tanto, enfatizó que el acuerdo debe ir acompañado de un marco claro para fomentar la ciudadanía digital, así como de capacitación para docentes y familias, recursos educativos, materiales accesibles y acciones diferenciadas según la etapa de desarrollo de los estudiantes.