Inés Gómez Mont no logró obtener su libertad luego de que un juez federal en Miami rechazara el recurso de habeas corpus presentado por su equipo legal. Este recurso, similar al amparo en el sistema judicial mexicano, fue negado el 5 de noviembre por el juez Jeffrey Kuntz, de la Corte para el Distrito Sur de Florida, quien argumentó que la solicitud no era el mecanismo adecuado para su liberación.

La exconductora de televisión se encuentra actualmente detenida en el Centro de Transición de Broward, ubicado en Pompano Beach, tras su arresto por las autoridades migratorias el 30 de octubre. Según su expediente en el sistema del ICE, su detención se debe a dos motivos: haber ingresado al país sin pasar por la inspección de las autoridades migratorias y no contar con un documento que autorice su estancia en Estados Unidos.

Para poder obtener su libertad, Gómez Mont deberá solicitar una audiencia migratoria, lo que le permitiría permanecer en libertad mientras se lleva a cabo el procedimiento de una posible deportación.

La fiscal general de la República de México, Ernestina Godoy, se pronunció sobre la situación legal de Gómez Mont, aclarando que su detención en Estados Unidos se relaciona con temas migratorios. Sin embargo, advirtió que si es deportada a México, las autoridades la aprehenderían al ingresar al país, ya que existen órdenes de aprehensión en su contra.

Godoy indicó que Inés Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, obtenidos a través de un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos. Los delitos que se le imputan incluyen delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. A pesar de las acusaciones, la Fiscalía y las autoridades mexicanas enfatizan la presunción de inocencia de la exconductora, asegurando que serán los tribunales mexicanos quienes determinen su responsabilidad.

La investigación en su contra fue iniciada en noviembre de 2019 por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que abarcó a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, y a otras cinco personas, así como a siete empresas. En 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión contra los principales implicados, quienes supuestamente participaron en un esquema financiero destinado a ocultar operaciones fraudulentas mediante la simulación de actos comerciales y la prestación de servicios.