Luego de identificar que servidores públicos suelen pedir favores sexuales a usuarias a cambio de algún servicio, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió al Senado incluir el delito de cohecho sexual en el Código Penal Federal, con una pena de 21 años de cárcel.

En el informe anual de actividades y resultados 2021 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se proponen reformas al Código Penal “para el mejoramiento de la investigación de los delitos relacionados con actos de corrupción”, entre ellos que en el delito de cohecho se incluya “el cohecho sexual, ya que en la actualidad solamente se limita al solicitar u ofrecer dinero”.

“Los servidores públicos, en violencia de género, suelen pedir favores sexuales a las usuarias para realizar sus funciones u otorgarles algún servicio o insumo que por ley les corresponde”, se lee en el documento.

Añade: “El cohecho sexual debe ser un tipo penal agravado con una mitad más del delito de cohecho simple”.

En el informe, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción precisa que de 2019 a 2021 suman mil 688 carpetas de investigación por corrupción, en las cuales 80% de los acusados son servidores públicos.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 96, Petróleos Mexicanos con 70 y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con 36, son las principales instituciones a las que pertenecen o pertenecieron los servidores públicos acusados en las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En tanto, los principales delitos por los que fueron denunciados los servidores públicos son: peculado, uso lícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito de servicio público, enriquecimiento ilícito, cohecho y abuso de autoridad.

Según la Fiscalía, apenas se han judicializado 22 expedientes, mientras que en 275 se declaró incompetencia, debido a que los delitos cometidos contra la administración de la justicia por servidores públicos quedaron fuera de la competencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Fuente: apro