La audiencia donde se decidirá la extradición o no del político, se dará luego de haber sido cancelada en tres ocasiones por diversos motivos, incluida la pandemia de COVID-19 como parte de una estrategia legal de Duarte para retrasarla y evitar su regreso a México, pues dice que su vida correría peligro.

“Efectivamente, la jueza federal de Miami, quien conoce el proceso del exgobernador de Chihuahua, fijó como nueva fecha y hora para llevarse a cabo la audiencia final de extradición, que se hubiera llevado el pasado día 14, programó como nueva fecha el martes 26 de enero a la 1:00 de la tarde, tiempo de Miami, que serán las 11:00 de la mañana, tiempo local, aquí en la ciudad de Chihuahua”, detalló el consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Alberto Espinoza.

A través de una videoentrevista que fue difundida por el gobierno del estado, el funcionario dijo que la audiencia de Duarte, fijada para 14 de enero fue pospuesta debido a que la defensa legal del expriista pidió más tiempo para presentar nuevos argumentos jurídicos.

El consejero declaró estar confiado en que en esta audiencia final se tenga un fallo favorable que conceda la extradición del exmandatario estatal.

“Realmente las argumentaciones finales del fiscal de Distrito son muy contundentes, nosotros siempre hemos confiado y seguiremos confiando en que se va a conceder la extradición del exgobernador y sea presentado ante los tribunales de Chihuahua”, expresó el consejero jurídico de la entidad.

La audiencia de extradición de Duarte, detenido desde julio de 2020 en Estados Unidos, estaba previsto para este jueves, pero la jueza a cargo del proceso lo suspendió el miércoles.

El exgobernador, que enfrenta cargos de peculado y asociación delictuosa, ha alegado «persecución política» de su sucesor en el cargo , el panista Javier Corral.

La defensa del exgobernador aseguró a una Corte Federal de EU que la vida del político «estará en peligro» si es extraditado a México.

La defensa de Duarte asegura también que el propósito de Corral ha sido solicitar la extradición de Duarte durante los últimos tres años «para distraer la atención de su pobre desempeño y mejorar su carrera política, incluso en su búsqueda de la presidencia mexicana».

En tanto, el gobierno de Corral informó el pasado 7 de enero que ha decomisado bienes con un valor de 583.5 millones de pesos, a raíz de las investigaciones sobre actos de corrupción atribuidos al exgobernador priista y su grupo cercano.

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