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Chihuahua

Firman convenio SFP y UACH para otorgar 120 becas a trabajadores de Gobierno del Estado

– Condonarán el 100 por ciento del costo de inscripción
Con el firme propósito de fortalecer la profesionalización del servicio público, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), firmaron un convenio de colaboración que beneficiará a trabajadores del Gobierno del Estado con 120 becas.

“Un servidor público preparado transforma su entorno, mejora los procesos e incrementa la confianza en las instituciones”, expresó el titular de la SFP, Roberto Fierro Duarte.

El convenio establece que 100 becas serán para la Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política, y 20 para la Maestría en Administración Pública, ambas impartidas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la universidad.

La beca será del 100 por ciento sobre el costo la inscripción de la Unidad Académica, lo único que se deberá cubrir son los conceptos de Rectoría, proceso de admisión, libros, carnet, cultural y seguro, entre otros.

Los servidores públicos interesados podrán registrarse de manera virtual en la página de la UACH, en la sección de Fichas, y tendrán como fecha límite el sábado 15 de noviembre.

Los resultados se darán a conocer el martes 18 de noviembre.

“Estos apoyos educativos son más que un beneficio académico: son una oportunidad para consolidar una administración moderna, transparente y eficaz, que refleje el sentido humano que promueve nuestra gobernadora Maru Campos”, añadió el secretario.

Por su parte, el rector de la institución académica, Luis Alfonso Rivera Campos,  destacó la apertura, disposición y voluntad del Gobierno del Estado, ya que este gesto refleja el trabajo en equipo entre ambas instancias.

En la firma del convenio se contó con la presencia del secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien asistió como testigo de honor, en reconocimiento a la estrecha colaboración entre estas instituciones en la formación y profesionalización.

De igual manera, estuvieron presentes en la firma del convenio Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano; secretario General de la Universidad Autónoma de Chihuahua; y Mario Alberto Duarte Bustillo, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Este acuerdo se celebró en el marco de las Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2025.

Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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