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Chihuahua

Firman Gobierno del Estado e iniciativa privada Compromiso por la Integridad y la Anticorrupción

– El acuerdo une al sector público y privado para fortalecer una cultura empresarial ética y transparente

El Gobierno del Estado y representantes del sector empresarial firmaron el Compromiso por la Integridad y la Anticorrupción en Chihuahua, que marca un paso decisivo hacia la construcción de un estado más íntegro, competitivo y comprometido con sus habitantes.

En el acto participó además la representación de la Secretaría de la Función Pública y Sistema Estatal Anticorrupción, como parte de las Jornadas Integridad y Anticorrupción 2025, que promueven la corresponsabilidad y el trabajo conjunto entre Gobierno, sociedad y sector privado.

El secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte, destacó que este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de la administración que encabeza la gobernadora Maru Campos, para hacer de la integridad un valor transversal en cada decisión y política pública.

“La transparencia no es solo una norma, es un principio ético y una política esencial para el desarrollo económico y social de nuestro estado”, señaló Fierro Duarte.

Reconoció el papel fundamental del sector empresarial por asumir un rol protagónico en la construcción de entornos más justos y confiables, al incorporar principios de integridad en su cultura corporativa.

“Cuando hay integridad, hay inversión; cuando hay transparencia, hay innovación y cuando hay confianza, hay desarrollo sostenible. Eso es lo que estamos construyendo juntos: un ecosistema de integridad que une lo público y lo privado en una sola visión de progreso”, afirmó.

Durante el encuentro se presentó la Guía para la Elaboración de Políticas de Integridad y la Herramienta de Autodiagnóstico de Integridad Empresarial, documentos elaborados en colaboración por Gobierno del Estado, el Sistema Estatal Anticorrupción y las cámaras empresariales.

Ambos tienen como objetivo fortalecer los controles internos, prevenir irregularidades y fomentar buenas prácticas corporativas.

Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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