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Chihuahua

Fiscalía Anticorrupción asegura complejo de lujo en Tepoztlán, ligado a caso de desvío millonario

Chihuahua, Chih.— La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua informó este jueves que, en cumplimiento de una resolución judicial, fue asegurado un complejo de lujo propiedad de Pedro López Elías, ubicado en una zona exclusiva de Tepoztlán, Morelos.

El inmueble, conocido como Hacienda de Lujo, está relacionado con la carpeta de investigación 3050/2024, que indaga el presunto desvío de 98.8 millones de pesos cometido durante la pasada administración estatal.

De acuerdo con la dependencia, el aseguramiento fue ordenado por un juez de control del Distrito Judicial Morelos y ejecutado por agentes ministeriales y policías de investigación, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Morelos y el órgano jurisdiccional de esa entidad.

El predio tiene una superficie de 5,277 metros cuadrados e incluye varias unidades habitacionales, oficinas, piscina, canchas de tenis, biblioteca y otras amenidades de alto nivel.

La Fiscalía detalló que el mandamiento judicial se cumplimentó mediante exhorto y permitió tanto la inscripción del aseguramiento en el Registro Público de la Propiedad como la colocación de sellos en el inmueble por parte de las autoridades ministeriales.

Con esta acción, la institución reiteró que continuará avanzando en los procesos relacionados con el presunto desvío millonario para garantizar que los bienes vinculados a la investigación queden bajo control judicial.

Chihuahua

Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua

Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.

El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.

En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.

¿De qué se acusa a César Jáuregui?

Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.

El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.

Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.

¿Cómo se autorizó la orden de captura?

El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.

Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.

La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.

Lo que todavía falta por esclarecer

Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.

Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.

La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.

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