La Secretaría de Gobernación (Segob) reveló que el presupuesto del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos está siendo subutilizado en perjuicio de las víctimas de atentados, amenazas, tortura, desaparición forzada, imposición de megaproyectos o violencia de género.

Cabe destacar que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha sido severamente criticado este año por parte de organizaciones internacionales, que lo consideran ineficiente.

“La creación de un mecanismo nacional que responda de forma integral y eficaz a las peticiones de protección de periodistas y defensores de los derechos humanos es un logro encomiable. Sin embargo, a más de dos años de su creación, el mecanismo sigue enfrentando múltiples desafíos que limitan su capacidad de proteger de manera eficaz a periodistas y defensores de los derechos humanos vulnerables”, aseguró la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés).

La organización destacó que “en los últimos años, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y los defensores de los derechos humanos. El reciente secuestro del 2 de enero del 2015 y asesinato del periodista Moisés Sánchez en Veracruz está muy lejos de ser un incidente aislado. El tamaño del problema se puede apreciar revisando algunas cifras de organizaciones mexicanas e internacionales: en los primeros nueve meses del 2014, la sección mexicana de la organización internacional Artículo 19 documentó 222 agresiones contra miembros de la prensa”.

En ese marco, mediante el oficio UDDH/911/2960/2015, la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación reveló que desde el 2012, cuando fue creado, el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos —que provee recursos al Mecanismo— ha sido subutilizado.

Y es que en el 2012, el fondo obtuvo recursos por 41 millones 44,543 pesos, los cuales no fueron ejercidos por ser primer año de operación; un año después, el fondo tuvo recursos por 170 millones 140,977 pesos, de los cuales sólo se ocuparon 1 millón 310,645 pesos. En el 2014, el fideicomiso obtuvo 276 millones 972,791 pesos, de los cuales únicamente ejerció 22 millones 322,652 pesos. Para este año, el fondo acumuló recursos por 245 millones 648,904 pesos, de los cuales apenas había ejercido 39 millones 191,036 pesos hasta septiembre pasado.

Cabe destacar que la Secretaría de Gobernación también reveló que 419 personas son protegidas con el mecanismo para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. De ese número, 171 son trabajadores de los medios de comunicación que han recibido amenazas por su labor informativa.

La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, que encabeza Roberto Campa Cifrián, reveló el origen de las 419 personas que cuentan con la protección federal.

De los 171 periodistas bajo resguardo federal, 43 son originarios del DF; 25 de Veracruz; 13 de Guerrero; 13 de Oaxaca; 10 de Zacatecas; seis de Coahuila; cinco de Michoacán; cinco de Tamaulipas y cinco del Estado de México, entre otros.

Respecto de los activistas, defensores de derechos humanos e integrantes de megaproyectos que reciben la protección federal, la lista de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob destaca que son en total 248 personas las que cuentan con ese beneficio.

El mayor número se concentra en el Distrito Federal, con 55 casos; Estado de México, con 31 casos; Oaxaca, con 21 casos; Chiapas y Chihuahua, con 19 casos, respectivamente; 11 en Guerrero, y 10 en Jalisco y Sonora, respectivamente.

De esa manera, en los dos grupos, los estados que más concentran casos de protección federal, tanto de periodistas como de defensores de derechos humanos, son el DF, con 98 casos; Estado de México, con 36 casos; Veracruz y Oaxaca en tercer lugar, con 34 casos cada uno; así como Guerrero, con 24 casos.

El Economista