El 24 de octubre de 2026, Francia experimentó una nueva jornada de protestas sociales, donde las fuerzas de seguridad comenzaron a dispersar manifestaciones no autorizadas utilizando gases lacrimógenos. Estas manifestaciones, que involucran a grupos de chalecos amarillos, estudiantes y sindicatos, se producen una semana después de disturbios que generaron conmoción en el país. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que hasta el momento se han realizado 135 detenciones en el marco de estas protestas.

El gobierno del presidente Emmanuel Macron, quien concluirá su mandato en mayo, enfrenta una creciente presión para evitar que se repitan escenas de caos como las vividas recientemente, las cuales han sido objeto de comentarios por parte de líderes internacionales. En la ciudad de Lyon, las fuerzas de seguridad utilizaron granadas de gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de aproximadamente 150 manifestantes que intentaban bloquear el tráfico en una zona donde las autoridades habían prohibido la concentración.

Las autoridades han señalado que los disturbios son atribuibles a “grupúsculos de ultraizquierda”, incluyendo antifascistas, anarquistas y anarco-autónomos, a los que se habrían sumado “delincuentes oportunistas”, en su mayoría jóvenes provenientes de los suburbios, quienes han sido acusados de saquear tiendas durante las manifestaciones.

Para restablecer el orden, el gobierno decretó toques de queda nocturnos en barrios de las grandes ciudades y prohibió las manifestaciones, a menos que sean solicitadas por actores considerados “legítimos”, como los sindicatos, según las palabras de Macron.

Además de las protestas en Francia, se prevén importantes movilizaciones en Albania, Italia y España, en un contexto de creciente movilización juvenil, inquietudes sobre el poder adquisitivo y la impopularidad de los gobiernos en la región.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, ha instado a los países involucrados a respetar el derecho a la manifestación y a priorizar la “desescalada” en las operaciones policiales. En ciudades como París, Marsella y Lyon, se autorizaron finalmente marchas contra el aumento del costo de vida y en apoyo a los estudiantes que desde finales de septiembre han exigido mejores condiciones en los liceos, aunque en la capital, la policía modificó el recorrido de las marchas a última hora.