México
Frena juez la captura de madre de Emilio Lozoya
Debido a que los delitos por los que se acusa a Gilda Margarita Austin y Solís, madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, no son graves ni ameritan prisión preventiva oficiosa, un juez federal frenó la orden de captura contra ella.
El juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, dio a la acusada de operar con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, una suspensión definitiva para evitar ser arrestada.
De acuerdo con un acuerdo, el juez detalló que la suspensión es hasta “se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelve sobre la suspensión definitiva”.
Además, detalló que si Austin y Solís no paga en un plazo de cinco días la garantía que asciende a los 4 mil 500 pesos, entonces la suspensión no tendrá efectos.
Durante la noche de este miércoles, la madre del exdirector de Pemex, quien se encuentra prófugo, interpuso un juicio de amparo contra la orden de aprehensión librada en su contra, misma que fue radicada en el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal.
Ayer el abogado de la acusada Javier Coello Trejo confirmó en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva que había sido detenida en Alemania por parte de la Interpol con fines de extradición.
De acuerdo con el jurista, desde hace un mes la mujer se encontraba de vacaciones en el país europeo junto con sus nietos.
Excelsior
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
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