Chihuahua

Garantizar los derechos de las mujeres rurales es clave para lograr seguridad alimentaria en Chihuahua: Diputada Edith Palma

Chihuahua, Chih. a 14 de octubre de 2025 — En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la diputada Edith Palma Ontiveros, integrante del Grupo Parlamentario de morena, busca adicionar disposiciones, tanto a la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable para el Estado de Chihuahua como a la Ley Estatal de Salud, para garantizar una mayor y mejor atención a los derechos de las mujeres rurales de Chihuahua.

Fue por medio de una iniciativa con carácter de Decreto, que la legisladora, originaria de Guachochi, recordó que cada 15 de octubre se conmemora esta fecha establecida por la ONU en 2007, reconociendo el papel fundamental de las mujeres del medio rural, quienes participan activamente en actividades como la agricultura, fruticultura, ganadería, apicultura, producción de alimentos y el manejo sostenible de los recursos naturales.

“Las mujeres rurales son pilares en la producción alimentaria y el desarrollo sostenible del país. Reconocer y proteger sus derechos es también avanzar hacia la justicia social y la seguridad alimentaria en Chihuahua”, expresó la diputada Palma.

Según datos del INEGI, el 24.4% de las mujeres en México viven en zonas rurales, lo que representa alrededor de 16.3 millones. De ellas, el 44% se identifica como indígena. Pese a su valiosa contribución, la FAO advierte que muchas mujeres rurales enfrentan pobreza, desigualdad y dificultades para ejercer plenamente sus derechos, especialmente en comparación con las mujeres que viven en áreas urbanas.

La diputada subrayó que en el estado de Chihuahua hay más de 116 mil mujeres rurales sin acceso a servicios públicos de salud, una situación que debe atenderse con urgencia. Además, citó datos del Instituto Nacional de las Mujeres que revelan que el 40% de las mujeres rurales viven en pobreza extrema, frente al 5% de las mujeres urbanas.

“Desde nuestro Grupo Parlamentario proponemos reformar el artículo 22 de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado, para que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas se integren formalmente a la Comisión Intersecretarial. Así podremos coordinar políticas públicas más eficaces e inclusivas”, señaló.

La iniciativa busca brindar atención prioritaria a las mujeres rurales que habitan en zonas de alta y muy alta marginación, con la intención de garantizar su acceso a servicios de salud, promover su empoderamiento económico y avanzar hacia la seguridad alimentaria y el desarrollo integral de las comunidades rurales.

“La lucha por los derechos de las mujeres rurales no es simbólica, es una necesidad concreta para construir un estado más justo, equitativo y con futuro”, concluyó la diputada Edith Palma.

Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.