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Gasta INE 227.5 mdp en renta de mil autos

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Aunque al Instituto Nacional Electoral (INE) le resultaría más económico comprar vehículos nuevos que rentarlos, prevé erogar en 2017 cerca de 228 millones de pesos como parte del contrato multianual de arrendamiento vehicular.
En su Informe Anual de Gestión 2015, rendido en febrero pasado, la Contraloría General del INE planteó que al organismo le resultaría entre 46% y 53% más económico comprar las unidades que mantenerse en el esquema de arrendamiento.
De acuerdo con el contrato vigente desde 2015, para el servicio de arrendamiento de mil 96 autos se pagará un monto total de 935.4 millones de pesos. Según los términos establecidos en el documento, se pagarían 227.5 millones de pesos anuales más impuesto, monto que se prevé volver a erogar para el próximo año.
En reunión de la Comisión Temporal de Presupuesto, realizada el pasado 19 de julio, los representantes de PAN y PRD plantearon la conveniencia de ahorrar y no insistir en el esquema de arrendamiento.
Demandaron tomar en cuenta las conclusiones de la Contraloría y, en todo caso, justificar la continuación del contrato multianual.
El director ejecutivo de Administración, Bogart Montiel, —de acuerdo con la minuta del encuentro— habría planteado la insuficiencia de recursos para que el INE realice ese volumen de compras, lo que fue rebatido por el contralor Gregorio Guerrero.
Cuestionó que no se hubiese valorado en su momento la ventaja de un esquema de compras, pues “había recursos para poder erogar en esto.
“Siempre a la institución le ha estado sobrando dinero y lo devuelve. El último año hubo un sobrante de casi 500 millones de pesos que fue devuelto a la Tesorería de la Federación”, expuso en el encuentro.
El consejero Javier Santiago pidió analizar la conveniencia de adquirir vehículos híbridos, de resultar procedente la terminación del contrato y que no sea oneroso el pago de la penalización respectiva.
Así, el consejero Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto, indicó que se valorará la conveniencia de mantener el contrato o si hay otra alternativa mejor para el instituto.
Gasta de más. De acuerdo con una evaluación de la rentabilidad del contrato frente a otras opciones equiparables realizada por la Contraloría, resultó que la renta no era la mejor alternativa para el INE.
A esa conclusión llegó tanto en un escenario “con valor de salvamento después de los cuatro años”; es decir, si el INE comprara los autos y los vendiera tras ese periodo —con la depreciación que ello supondría— las ventajas económicas para el instituto serían de 53%.
En el hipotético escenario de que se adquirieran los vehículos y el instituto se los quedara como activos, la opción “es 46% más económico que el costo total de arrendamiento contratado”.
La evaluación de la Contraloría “concluye que el esquema de adquisición claramente supone una alternativa más económica en comparación con el esquema de servicio de arrendamiento que el INE contrató para mil 96 vehículos”, usados para la operación en el país, se consignó en el informe.
A esas conclusiones arribó la Contraloría pese a que consideró condiciones adversas que en la realidad no vive el INE, como precios de menudeo, mismos modelos, cotización de seguros con cobertura plus, crecimiento anual de 10% en los costos de seguros, gastos por servicio de mantenimiento preventivo de agencia cada seis meses y costo de tenencia fijos por el periodo de cuatro años.
Las condiciones de contratación del arrendamiento vehicular (convocatoria y sus anexos, investigaciones de mercado y cualquier otro documento relacionado con el procedimiento) fueron revisadas por Transparencia Mexicana, misma que emitió un documento final.
Sin embargo, no existe información respecto a que se haya analizado la relación costo-beneficio para el instituto ante las opciones de renta o compra vehicular.

 
Con información de: El Universal

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EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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