El subdirector de Gobernación, Pedro Germán Oliva Jiménez, respaldó los operativos de inspección realizados en centros de rehabilitación y rechazó las acusaciones de presunta extorsión que han señalado algunos establecimientos contra la dependencia.

El funcionario explicó que las revisiones forman parte de la estrategia de seguridad y tienen como objetivo verificar condiciones mínimas de legalidad y salubridad. Durante los operativos, indicó, se han detectado consumo de drogas y alcohol, personas con reporte de desaparición, órdenes de aprehensión vigentes y condiciones insalubres, situaciones que representan un riesgo directo para los internos. Ante estos hallazgos, precisó, se procede a la clausura inmediata por incumplimiento de requisitos básicos de operación.

Frente a los señalamientos de cobros indebidos, Oliva Jiménez sostuvo que las multas aplicadas se ajustan a los rangos establecidos por la normatividad vigente, que van de 50 a 650 UMAS, equivalentes a entre 5 mil 500 y 75 mil pesos aproximadamente. Detalló que se han realizado 45 inspecciones, levantado 31 actas y aplicado sanciones de entre 5 mil 865 y 33 mil 900 pesos, cifras que, afirmó, contradicen las versiones sobre supuestas cuotas semanales de 20 mil pesos.

El subdirector informó además que uno de los centros interpuso un amparo para frenar las acciones de la autoridad, sin embargo, el órgano judicial no otorgó la protección solicitada. Indicó que las inspecciones continuarán bajo el mismo esquema, con la salvaguarda de la integridad de los internos como prioridad.