El gobierno de la Ciudad de México ha aclarado que el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) no implicará un aumento en el cobro del impuesto predial ni obligará a los propietarios a vender sus terrenos baldíos. Esta aclaración se produce en un contexto donde la región alberga a más de 22 millones de personas y contribuye con más del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

En una entrevista con Excélsior, Enrique Irazoque, titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, enfatizó que el programa es meramente orientativo y no normativo. Irazoque explicó que las recientes protestas en la colonia Tabacalera y en la alcaldía Benito Juárez son resultado de una confusión respecto a los alcances jurídicos del plan, que no tiene un carácter vinculante ni está por encima de las leyes existentes.

“El gobierno de la Ciudad ni va a generar un alza en el predial ni mucho menos estamos pensando en implementar una política contra los terrenos baldíos. El programa no es vinculante, tiene un sentido orientativo y no puede ir en contra de los derechos de nadie”, afirmó el funcionario.

Irazoque también destacó que el proyecto se encuentra en una fase de propuesta y actualmente está en consulta pública, la cual tiene una duración de 60 días naturales y concluirá el 22 de noviembre. Durante este periodo, se recogerán todas las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con la propiedad privada y el impuesto inmobiliario, las cuales serán presentadas al Consejo de Desarrollo Metropolitano para realizar las adecuaciones necesarias al texto antes de su eventual aprobación.

El objetivo principal del POZMVM es facilitar la coordinación intergubernamental en una región que abarca cuatro entidades y más de 900 mil hectáreas. El programa busca armonizar decisiones en áreas como movilidad, donde se realizan más de 35 millones de traslados diarios, vivienda, medio ambiente y protección civil.

“Facilitando la coordinación metropolitana, poniendo en el centro a las familias y a las más de 22 millones de personas para garantizar su goce y ejercicio de sus derechos”, concluyó Irazoque.