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México

Gobierno de Mancera habría pagado 41 mdp a empresas fantasma para combatir violencia de género

Un reportaje del noticiero En Punto, de Televisa, dio a conocer que durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, se les pagó 41 millones de pesos a empresas fantasma para implementar estrategias contra la violencia hacia las mujeres
Las dependencias involucradas fueron la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Escuela de Administración Pública y el Instituto de las Mujeres local, quienes contrataron de manera directa a personas físicas y empresas para atender la problemática. Sin embargo, un recorrido de reporteros de En Punto por los domicilios que se proporcionaron en los contratos reveló que las empresas a las se les hizo pagos millonarios no existen.

En mayo de 2016, Mancera Espinosa presentó el silbato rosa para prevenir conductas acosadoras y de hostigamiento sexual hacia las mujeres en el transporte público capitalino.

El gobierno capitalino invirtió más de 11 millones de pesos en la compra de 150 mil 952 silbatos, en una estrategia que no funcionó.

Dos meses antes de que concluyera la gestión de Mancera, su administración gastó más de 41 millones de pesos en programas de capacitación y estrategias para prevenir la violencia contra las mujeres, pero dichos programas no se aplicaron y otros no existen.

El 10 de octubre de 2018, la Secretaría de Gobierno firmó un contrato de 9 millones 999 mil 988 pesos con Alejandro Pantoja Chávez para comprar «mil botones de pánico para la localización de mujeres en riesgo de ser víctimas de violencia feminicida y para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres que permita su localización durante 24 horas del día, los 365 días del año”.

A la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX ) le entregaron 650 botones de pánico, marca Mietrack, que no se pueden usar.

“Requerimos que el área técnica nos elabore el dictamen, ya están trabajando en él, ya se está trabajando en ese dictamen que nos permita identificar la funcionalidad o no de estos dispositivos […]. No tenemos hasta este momento garantizado ese óptimo funcionamiento, por eso es que no hemos procedido a su entrega”, explicó Nelly Montealegre, subprocuradora de Atención a Víctimas de la PGJCDMX .

Cada dispositivo móvil, con GPS de rastreo portátil y con garantía de dos años tuvo un costo de 9 mil 99 pesos. Los aparatos se compraron a sobreprecio. En la página de internet de la marca Mietrack se pueden adquirir dispositivos móviles con botón de alarma y GPS, que se ofrecen entre 900 pesos y mil 500 pesos cada uno.

La Secretaría de Gobierno capitalina también firmó un contrato de 8 millones 984 mil pesos con la empresa «KJD ideas creativas S.A de C.V», representada por Eduardo Ruiz Nava, «para la puesta en marcha de acciones de publicidad (…) para atender el procedimiento de solicitud de alerta de violencia de genero para la Ciudad de México”.

En el domicilio que señala el contrato trabajan diversas organizaciones no gubernamentales que se dedican a implementar programas de desarrollo comunitario en zonas rurales de puebla.

Eduardo Ruiz Nava se encuentra en Chingnahuapan, Puebla. Representa a la fundación Luis María Martínez y se dedica a capacitar a comunidades en la siembra de hortalizas.

México

Gobierno de Rocío Nahle desvió recursos para nóminas de manera ilegal

Gobierno de Rocío Nahle desvió recursos para nóminas de manera ilegal

El Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, ha sido objeto de un dictamen negativo por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a irregularidades en la fiscalización de recursos destinados a la atención médica. Según el Informe Individual de la Auditoría 2118 sobre la Cuenta Pública 2025, se detectó un presunto daño patrimonial que asciende a 87 millones 419 mil 439 pesos, principalmente por el uso indebido del presupuesto para el pago de nóminas.

El informe revela que los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) desviaron 86 millones 920 mil 909 pesos, que estaban destinados para el ejercicio fiscal 2025, para cubrir nóminas correspondientes al ejercicio fiscal 2024. Este desvío se realizó sin las autorizaciones legales y presupuestales necesarias, así como sin la documentación que justificara dicho uso de recursos.

Además, la ASF identificó serias deficiencias en los controles administrativos internos de los SESVER, otorgándoles una calificación de 65.4 sobre 100 en su nivel de control interno. La auditoría constató que la dependencia estatal no atendió las recomendaciones emitidas en la Cuenta Pública 2024 y mantuvo cuentas bancarias que no eran “específicas”, lo que resultó en la mezcla de recursos de diferentes orígenes y transferencias cuyo destino legal no pudo ser determinado.

El informe también destacó irregularidades adicionales, como diferencias no aclaradas en el pago de servicios personales del Programa U013, que suman 266 mil 530 pesos, así como el incumplimiento en la devolución oportuna de 232 mil pesos de capital no devengado a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Estas irregularidades ponen en evidencia la falta de transparencia y control en la gestión de recursos públicos en el estado de Veracruz.

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