La administración del expresidente Donald Trump ha lanzado acusaciones sobre un supuesto fraude electoral cometido por miles de inmigrantes que residen legalmente en Estados Unidos, pero que aún no han obtenido la ciudadanía y, por ende, no tienen derecho a votar. Según el Departamento de Justicia, estos individuos habrían incurrido en decenas de miles de fraudes electorales, aunque no se han presentado pruebas concretas que respalden estas afirmaciones.

El Departamento de Justicia ha demandado al estado de California y al condado de Los Ángeles, exigiendo que las autoridades electorales impidan que aproximadamente 20 mil personas, a quienes consideran no ciudadanos, participen en las elecciones. Esta demanda se basa en la acusación de que estas personas se registraron como electores o intentaron votar, lo que, según la administración, constituye un delito.

Además, el departamento ha enviado cartas a los 52 condados de California con listas de nombres de individuos sospechosos de ser delincuentes electorales, instando a las autoridades a verificar su estatus de ciudadanía. A medida que se acercan las elecciones, los funcionarios de los condados enfrentan presión para cumplir con las órdenes de la administración Trump, mientras intentan garantizar que la votación anticipada y la votación por correo se desarrollen sin contratiempos.

Sin embargo, un juez ha rechazado la demanda de la administración Trump, argumentando que no se ha aclarado la base de las sospechas sobre los electores, lo que podría atentar contra el derecho al voto de los mencionados. Pese a la decisión judicial, el Departamento de Justicia ha advertido a los empleados del registro electoral de Los Ángeles que podrían enfrentar “extensas investigaciones y potenciales acciones legales” si no verifican la elegibilidad de miles de electores.

La campaña del Departamento de Justicia se extiende a varios estados, aunque parece centrarse principalmente en California, donde el electorado es mayoritariamente demócrata. Desde hace semanas, la administración ha mencionado cifras alarmantes sobre presuntos delincuentes electorales, que ascienden a decenas de miles en diferentes estados, un número que contrasta notablemente con los casos de fraude electoral que se habían documentado previamente antes de esta serie de acusaciones en 2026.