Madrid, 15 abr (PL) El gobierno español reforzó hoy la presión contra Venezuela y convocó al embajador de ese país aquí, Mario Isea, al Ministerio de Asuntos Exteriores para expresar el disgusto por declaraciones recientes del presidente Nicolás Maduro.

Ayer el Congreso de Diputados aprobó una resolución del gobernante Partido Popular (PP), con respaldo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que pide a las autoridades venezolanas la liberación inmediata de opositores detenidos bajo acusación de promover la violencia y participaqr en planes de golpe de Estado.

Isea fue recibido por el director general para Iberoamérica, Pablo Gómez-Olea, después de las declaraciones de Maduro de que adoptará medidas contra la agresión de las élites corruptas de España, y no admitirá la injerencia de las Cortes españolas.

El mandatario venezolano también denunció la campaña mediática contra del pueblo venezolano en España y acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de estar detrás de las maniobras.

Una nota oficial del Ministerio español de Asuntos Exteriores indicó que el gobierno español considera intolerables las declaraciones de Maduro y expresaron al embajador Isea que no contribuyen a un mínimo entendimiento entre dos gobiernos.

La declaración aprobada ayer en el Congreso fue calificada de injerencista por diputados opositores españoles debido a que reclama la liberación de personas como Leopoldo López y Antonio Ledezma, procesados por varios delitos en la justicia venezolana.

En el debate, el vocero del grupo parlamentario Izquierda Plural, Joan Josep Nuet, recomendó a las autoridades españolas cumplir el llamado del presidente boliviano, Evo Morales, quien reclamó que pidan perdón quienes están agrediendo a Venezuela.

Ustedes son los mismos que dieron apoyo a un golpe contra el presidente democráticamente electo Hugo Chávez en 2002. Pidan un juicio justo, pero no que pongan en libertad a esos criminales, subrayó.

Por su parte Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, recordó que Venezuela tiene un presidente elegido por la mayoría del pueblo en 2013, y sólo puede ser sustituido por la voluntad expresada en comicios.