Política

Gobierno de Trump es demandado por revisar teléfonos en fronteras de EEUU

El Gobierno del presidente Donald Trump incurrió en la práctica inconstitucional de inspeccionar sin órdenes judiciales los teléfonos y computadoras de estadunidenses que son retenidos en la frontera, según una demanda presentada este miércoles.

Diez estadunidenses y otra persona con residencia permanente legal demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ante un tribunal federal, alegando que las inspecciones y la confiscación prolongada de sus dispositivos violaban la protección a la privacidad y a la libertad de expresión amparadas por la Constitución estadunidense.

La demanda fue presentada por un grupo compuesto por un veterano del ejército estadunidense, un ingeniero de la NASA, dos periodistas y un programador de computadoras ante el Juzgado de Distrito de Massachussett.

La Fundación Frontera Electrónica (EFF, por sus siglas en inglés) y la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representan a los demandantes, dijeron que varios de ellos son musulmanes o pertenecen a una minoría.

Suhaib Allababidi, ciudadano estadunidense que vive en Texas y que participa en la demanda, dijo que Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lo retuvo el 21 de enero en el aeropuerto de Dallas cuando regresaba de un viaje de negocios a Dubái.

Allababidi relató que no quiso desbloquear su teléfono personal luego de permitir la revisión de su teléfono de trabajo. Las autoridades le quitaron ambos aparatos y le dieron el teléfono de trabajo dos meses después pero aún no le devuelven su teléfono personal.

En general, a los agentes de la ley se les exige tener una orden judicial para poder revisar los dispositivos electrónicos de un estadunidense. Pero una excepción a la regla que se aplica en la frontera le permite a las autoridades federales realizar inspecciones si están a menos de 160 kilómetros de uno de los límites del país, sin necesidad de orden.

Política

La red Taddei opera en 17 estados con contratos por 1,803 millones de pesos

La red de empresas vinculadas a Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ha extendido sus operaciones a al menos 17 estados de la República Mexicana, acumulando contratos por un total de mil 803 millones 80 mil pesos. Estas empresas están acusadas de presunta simulación de competencia y conflictos de interés, y han proporcionado materiales y documentación electoral a diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Las investigaciones sobre los contratos y relaciones comerciales de estas empresas están siendo llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Órgano Interno de Control (OIC) del INE. Entre las empresas implicadas se encuentra Formas Finas y Materiales, especializada en el suministro de papelería electoral, urnas, mamparas de votación y útiles de casilla. Esta empresa ha obtenido al menos 15 contratos adjudicados en 11 OPLE estatales, por un monto que supera los 540 millones de pesos.

Los documentos de fiscalización revisados ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revelan que Formas Finas y Materiales tiene contratos con varios institutos locales, incluyendo el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), donde se le adjudicaron contratos para el suministro de papelería, materiales de casilla y documentación electoral. Asimismo, la empresa ha sido contratada por el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE Aguascalientes), donde se estima que la contratación asciende a aproximadamente 17 millones de pesos durante el proceso electoral de 2024.

Adicionalmente, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) también ha contratado a Formas Finas y Materiales para la producción e instalación de documentación y material de casilla. Esta misma empresa brinda servicios al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), anteriormente conocido como la Comisión Estatal Electoral (CEE), con adjudicaciones de útiles electorales y materiales de votación. La situación plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la integridad de los procesos electorales en el país.