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Opinión

Hablemos claro de los separatistas por Luis Ochoa Minjares

HABLEMOS CLARO DE

LOS  “SEPARATISTAS”

 

Luis Ochoa Minjares

 

   Continúa vigente la controversia y discusión respecto del ineludible tema de la homologación del impuesto al valor agregado (IVA) en la zona fronteriza y la estridente y artificiosa escandalera que han armado los voceros de la industria ensambladora o maquiladora que se siente afectada.

 

   No hay impuestos en el mundo que sean de la simpatía de los contribuyentes. No obstante, tampoco hay justificación alguna para que los grupos empresariales busquen inmiscuirse en los procesos soberanos del poder legislativo mediante presiones y amenazas, algunas tan absurdas y apátridas como la segregación de la soberanía nacional de los Estados fronterizos.

 

Es evidente que se pretende desorientar a la comunidad y sembrar en la población la confusión y zozobra, difundir la incertidumbre económica y debilitar la respetabilidad de las instituciones públicas encargadas de elaborar las leyes nuevas que demanda la modernización y transformación del país. Vano intento de chantajear al gobierno y deteriorar la credibilidad de la institucionalidad política del país.

 

   Vale la pena meditar a cerca de quienes son y con qué propósitos sacan de nuevo el viejo, inútil y maloliente “petate del muerto” de la segregación política del Pacto Federal, ahora no solamente de Chihuahua, sino de los otros cinco Estados libres y soberanos que el destino colocó como vecinos del insaciable afán de expansionismo del capitalismo salvaje.

 

¿Por qué homologar el IVA?

 

   Según la opinión de nuestros analistas políticos y económicas, los impuestos por ley deben ser generales, parejos para todos y, sobre todo apegados a la equidad. Todos rabones o todos coludos, según la sabiduría del ingenio popular.

 

   Esquemáticamente los 120 millones de mexicanos nos ubicamos 20 millones en los seis Estados de la zona fronterizas que pagan solamente el 11 por ciento del IVA y el resto, 100 millones pagan religiosa y obligadamente el 16 por ciento, suponiendo que todos paguemos.

 

   Del mismo modo que los diez millones de fronterizos defienden y exigen su privilegio de pagar menos IVA y otros impuestos, del mismo modo, decimos, los cien millones de mexicanos demandan pagar igual que los fronterizos o que los fronterizos paguen igual que los demás.

 

   Y el gobernante de un sistema democrático como debe ser el nuestro, frene a un conflicto de intereses, ha de optar a favor de la mayoría y no a favor de una minoría, o no hay democracia, si la entendemos como la voluntad de las mayorías. En esta tesitura está Peña Nieto y está obrando como un gobernante demócrata y justiciero.

 

¿Seis nuevas repúblicas?

 

   Quienes  por ignorancia o por oscuros intereses pugnan por segregar otra porción de nuestro territorio nacional convirtiendo los seis Estados fronterizos en seis “repúblicas” para no pagar el IVA, significa poner esa porción territorial en las fauces del insaciable y hambriento lobo expansionista.

 

   La segregación territorial de México es otra amenaza con la que quieren atemorizar al gobierno de la república para nulificar la transformación de México en materia impositiva para que los empresarios paguen proporcionalmente a sus ingresos.

 

   El primer intento fue la amenaza de cancelar empleos y dejar de crear nuevos. Esta estratagema cayó por su propio peso y, sobretodo por lo absurdo. A nadie amedrentaron.

 

   El segundo intento con el que quisieron azorrillar a los mexicanos bien nacidos, fue la amenaza de regresar a su país de origen la industria maquiladora. Cosa absurda porque allá tendrían que pagar ocho o diez dólares la hora de trabajo. Aquí pagan solamente un dólar por cada hora.

 

   La tercer amenaza fue inaceptable: la separación o segregación territorial de los Estados fronterizos afectados con la homologación del IVA.

 

¿Cómo tratar a los separatistas?

 

   Es incuestionable que la mayoría de los segregacionistas no son nacidos en el terruño, no tienen la menor pizca del sentido de pertenencia ni late en sus pechos la llama de la mexicanidad y la pasión por defender la integridad territorial.

 

   Algunos fueron tristes depauperados que llegaron a la frontera de diversas partes con una mano atrás y otra adelante en busca de saciar la tripa del mal año. Hoy, llenos de ingratitud y soberbia pugnan por destruir la unidad de los chihuahuenses y su Estado Grande, cercenándole parte de su territorio y separarlo del territorio nacional.

 

   Por fortuna no todos los nacidos fuera del terruño fronterizo son malagradecidos. La mayoría es gente útil, trabajadora y de buena fe que han entregado su vida a los destinos fronterizos. Su conducta debe ser ejemplo para aquellos otros advenedizos que abominan de la tierra que los acoge.

 

   Tal vez invitándolos a conocer la historia de México, particularmente aquellos pasajes donde la prepotencia, la injusticia y la voracidad del capitalismo salvaje y expansionista le han cometido grandes despojos, invasiones y atropellos de toda laya.

 

¿Sabrán esto los vende los separatistas?

 

   Por virtud del nefasto “Tratado de Guadalupe Hidalgo” y mediante lo que la historia conoce como “el gran despojo”, nos fue arrebatado el enorme territorio mexicano que hoy ocupan los Estados norteamericanos de Texas, Nuevo México y California, donde hoy se ubican también los Estados de Nevada, Arizona, Utha y parte de Colorado y Wyoming.

 

   Perdimos en esa fecha fatal más de dos millones de kilómetros cuadrados, equivalentes a la superficie de Inglaterra, Portugal, España, Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Suiza e Italia juntos. El 13 de septiembre de 1847, los invasores imperiales fueron resistidos heroicamente por los Cadetes del Colegio Militar ubicados entonces en el histórico Castillo de Chapultepec.

 

   Los Niños Héroes, como suele identificarlos la historia patria, son motivo del respeto y la admiración de todos los mexicanos y los combates que presentaron al invasor, dignos de relatos y lecciones de patriotismo, hechos que tienen que estar presentes en  la memoria colectiva. ¿Sabrán esto los separatistas?

 

¿Es posible recuperar lo segregado?

 

   Ante el ambiente de confusión de vastos sectores de la población, confusión creada por la absurda propuesta de erigir en repúblicas los Estados limítrofes con el imperio yanqui, vale la pena formularnos las siguientes preguntas:

 

   ¿Qué en lugar de segregar el territorio de Baja California Sur para erigirlo en república, no sería mejor intentar recuperar la Alta California que nos fue segregada?

 

   ¿Qué en lugar de pensar en fundar la “República independiente de Chihuahua” y segregarla de México, no sería mejor dejar las bases para que las futuras generaciones desagregaran y recuperaran el Estado de Texas que nos fue segregado?

 

   ¿Qué en lugar segregar Chihuahua,  no valdría la penar mejor prepararnos para recuperar en el futuro tajos de territorio mexicano segregado conocido  La Mesilla?

 

   “El capitalismo salvaje”, como lo llamó Su Santidad Pablo III, no es eterno, ya da muestras de su debilitamiento y decadencia y antes de que termine el primer siglo del tercer milenio, las nuevas generaciones de mexicanos sabrán que hacer.

 

¿A la hoguera nuestros diputados?

 

   Con motivo de la aprobación por la cámara baja de la reforma tributaria propuesta por el presidente Peña Nieto, reforma que homologa el impuesto sobe el valor agregado, se ha desatado una furiosa campaña en contra de nuestros legisladores chihuahuenses, culpándolos de “no defender los intereses de los fronterizos”.

 

   Esta campaña es tan injusta y absurda como la misma propuesta de erigir en republiquitas los seis estados libres y soberanos que colindan con el vecino del norte. Quienes sustentan tal campaña, olvidan que nuestros diputados son miembros activos postulados por un partido político sólido, estable y unido en el que la disciplina partidaria es esencial.

 

   Es cierto que los nuestros no son unos legisladores infalibles o unas lumbreras en la tribuna parlamentaria, pero llegaron a la curul que ocupan mediante elecciones democráticas, limpias y ordenadas que les confirieron el triunfo.

 

   Por lo demás, pocos pueden objetar el sistema democrático y la libertad de opinión que presiden los encendidos y apasionados debates en torno a todas y cada una de las iniciativas enviadas al poder legislativo. Cada partido político, a través de sus legisladores exponer sus muy respetables opiniones y puntos de vista. No merecen ir a la hoguera política.

 

   FINALMENTE, la frase de la semana enviada por nuestra puntual lectora doña Gloria Ramírez cuyo texto reza: “Transformar México implica transformar Chihuahua y transformar Chihuahua implica transformar Juárez”.

 

 

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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