México
Han muerto 87 niños en estancias infantiles en casi 10 años
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado el tema de la seguridad como una de las razones para desvincular al Estado de las estancias infantiles. Su preocupación es real, de acuerdo con un registro elaborado por Julio César Marquéz, papá de Yeyé, uno de los 49 menores que murieron en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.
Según reporta el noticiero En Punto, de Televisa, la información recabada por Márquez revela que en los últimos 9 años han muerto 87 niños en guarderías públicas y privadas del país, de los cuales 30 víctimas eran menores de 6 meses de edad.
El 65 por ciento de los menores falleció por broncoaspiración y 20 de esos 87 casos ocurrieron en las estancias infantiles dependientes de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), precisa el reporte.
Entrevistado por En Punto, Julio César Marquéz pide mayor supervisión y preparación, tanto de quienes atienden las estancias, como del personal de Protección Civil encargado de certificar que esos lugares tienen las condiciones para operar con seguridad.
En ese sentido, consideró que muchos fallecimiento de menores en estancias infantiles se pudieron haber evitado, “si las personas si las personas que estaban alrededor del niño o de la niña hubieran tenido una capacitación necesaria para atender una situación de emergencia».
Desde Querétaro, a casi 10 años de la tragedia de la guardería ABC, Julio César no supera el dolor, pero celebra que se revisen los esquemas de estancias infantiles.
“El que hoy esté el tema de nuevo en la agenda, con esta decisión del gobierno de cambiar el esquema de entrega de recursos del programa estancias infantiles […] lo considero positivo […]. Hay corrupción en las unidades de Protección Civil y lo digo porque me consta […], lo que siempre digo yo es que se denuncien estos actos”, pidió.
Aseguró que la tragedia de la guardería ABC debe dejar enseñanzas.
«Yo no estoy de acuerdo con la subrogación, lo tengo muy claro, tendría que ser el Estado quien tutela estos servicios, más bien el tutelar que los brindará directamente pero no hay capacidad del Estado, creo que con las acciones que se están implementando se reconoce por parte del mismo Estado que no hay esa capacidad».
Ahora Julio César lucha para que se aplique en todo el país la «Ley 5 de junio de prestación de servicios para la atención cuidado y desarrollo integral infantil”, que fue publicada hace 7 años y que aún hay 5 estados que no han legislado al respecto.
México
Gobierno de Rocío Nahle desvió recursos para nóminas de manera ilegal
El Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, ha sido objeto de un dictamen negativo por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a irregularidades en la fiscalización de recursos destinados a la atención médica. Según el Informe Individual de la Auditoría 2118 sobre la Cuenta Pública 2025, se detectó un presunto daño patrimonial que asciende a 87 millones 419 mil 439 pesos, principalmente por el uso indebido del presupuesto para el pago de nóminas.
El informe revela que los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) desviaron 86 millones 920 mil 909 pesos, que estaban destinados para el ejercicio fiscal 2025, para cubrir nóminas correspondientes al ejercicio fiscal 2024. Este desvío se realizó sin las autorizaciones legales y presupuestales necesarias, así como sin la documentación que justificara dicho uso de recursos.
Además, la ASF identificó serias deficiencias en los controles administrativos internos de los SESVER, otorgándoles una calificación de 65.4 sobre 100 en su nivel de control interno. La auditoría constató que la dependencia estatal no atendió las recomendaciones emitidas en la Cuenta Pública 2024 y mantuvo cuentas bancarias que no eran “específicas”, lo que resultó en la mezcla de recursos de diferentes orígenes y transferencias cuyo destino legal no pudo ser determinado.
El informe también destacó irregularidades adicionales, como diferencias no aclaradas en el pago de servicios personales del Programa U013, que suman 266 mil 530 pesos, así como el incumplimiento en la devolución oportuna de 232 mil pesos de capital no devengado a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Estas irregularidades ponen en evidencia la falta de transparencia y control en la gestión de recursos públicos en el estado de Veracruz.
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