Desde el año 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) ha registrado un total de 399 denuncias relacionadas con el desplazamiento forzado en Chihuahua. Sin embargo, se estima que el 95 por ciento de las personas afectadas no formalizan su denuncia ante las autoridades, lo que complica la comprensión de la magnitud real del problema, según informó la titular del organismo, Norma Ledezma Ortega.

Ledezma Ortega explicó que esta situación dificulta conocer la verdadera dimensión del desplazamiento forzado en la entidad, ya que hay familias e incluso comunidades enteras que abandonan sus hogares debido a la violencia sin acudir a las instancias correspondientes para reportar los hechos. Los 399 registros mencionados corresponden únicamente a las víctimas reconocidas por la CEAVE, lo que significa que no representan la totalidad de las personas que han tenido que dejar sus viviendas.

La funcionaria destacó que la estimación del 95 por ciento de familias que no denuncian se basa en la experiencia acumulada durante los últimos tres años, tiempo en el que ha estado involucrada directamente en la atención a este fenómeno. En algunas comunidades, que pueden estar compuestas por solo seis, ocho o diez familias, los enfrentamientos entre grupos criminales pueden llevar a que todos sus habitantes se vean obligados a abandonar sus hogares.

La mayor concentración de casos atendidos se encuentra en el municipio de Guadalupe y Calvo, especialmente en diversas comunidades de la Sierra Tarahumara. También se han reportado desplazamientos en otros municipios de la región occidente, como Uruachi y Moris.

Ledezma Ortega reconoció que no existe una cifra exacta de todas las personas desplazadas, ya que los registros oficiales no incluyen a todos aquellos que han tenido que salir de sus comunidades. Algunas familias son registradas por las instancias encargadas de atender el desplazamiento forzado y reciben apoyo institucional, pero no forman parte del padrón de víctimas de la CEAVE al no presentar una denuncia formal.

En relación a los desplazamientos recientes, se anticipa la llegada de aproximadamente 40 personas al municipio de Guadalupe y Calvo. Personal de la Comisión se mantiene en contacto con las autoridades locales para brindar asistencia a estas familias. Cuando se reporta la llegada de personas desplazadas, se activan mecanismos de atención humanitaria que incluyen alimentación, acompañamiento en salud y otros apoyos según las necesidades de los afectados.

Finalmente, Norma Ledezma Ortega enfatizó que el desplazamiento forzado es una problemática de derechos humanos cuya dimensión real podría ser considerablemente mayor que la que reflejan las denuncias y los registros oficiales.