Dos hijos del senador Adán Augusto López Hernández, Adán Payambé y Augusto Andrés López Estrada, ocuparon cargos públicos en el Senado de la República y el Poder Judicial de Tabasco sin haber concluido sus estudios universitarios, según una investigación de Emeequis.
Adán Payambé López Estrada fue contratado en 2018 por el Senado como prestador de servicios profesionales, percibiendo un pago total de 60 mil pesos. En 2022, obtuvo otro puesto como secretario auxiliar del Consejo de la Judicatura de Tabasco, con un salario mensual de 24 mil 448 pesos. En ambos casos, aún no había terminado su carrera en Derecho, que concluyó en 2024.
Por su parte, Augusto Andrés López Estrada fue contratado como asistente del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados entre octubre de 2022 y mayo de 2024. Durante ese periodo, recibió tres contratos de prestación de servicios profesionales con un sueldo mensual de 35 mil pesos, acumulando un total de 805 mil pesos. En ese tiempo, su ocupación principal era “estudiante” en la Universidad Iberoamericana. Su título de abogado fue registrado en marzo de 2025.
Las contrataciones fueron gestionadas por funcionarios de recursos humanos de cada órgano legislativo en los periodos en que Morena controlaba la mayoría. Estos hechos han generado cuestionamientos sobre posibles casos de nepotismo y el uso de influencias políticas para acceder a cargos públicos. Además, se ha señalado la falta de transparencia en los procesos de contratación y la necesidad de garantizar que el acceso a cargos públicos sea por méritos y no por relaciones personales.
Este caso se suma a otras controversias en torno al senador morenista, incluyendo señalamientos sobre transferencias millonarias y presuntos vínculos con Hernán Bermúdez, supuesto líder de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. También enfrenta cuestionamientos por ingresos reportados de 79 millones de pesos entre 2023 y 2024, que él atribuye a herencias y actividades económicas legales.
La revelación ha reabierto el debate sobre los límites éticos y legales en la contratación de familiares en la función pública, así como la necesidad de garantizar que el acceso a cargos sea por méritos y no por relaciones personales, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia y rendición de cuentas.
