La muerte de una joven trabajadora en el comercio de mercancías chinas Híper San Bruno, ocurrida el 30 de septiembre de 2026, ha sido atribuida a la negligencia administrativa del Ayuntamiento de Xalapa. Según documentos obtenidos por Excélsior, la tragedia no fue consecuencia de una tormenta atípica, sino de la omisión de las autoridades municipales al permitir la construcción de este establecimiento sobre un humedal catalogado como zona inundable.

El permiso para la construcción y el cambio de uso de suelo fue otorgado por la Dirección de Desarrollo Urbano municipal en un documento fechado el 3 de octubre de 2024, durante la administración del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil. Este permiso, que actualizó el uso de suelo comercial a favor del propietario Erick Alejandro Lagos Hernández, fue firmado por el entonces director de la dependencia, Arq. José Miguel Torres Cházaro. La autorización se formalizó poco antes de que Ahued dejara su cargo para integrarse al gabinete estatal.

A pesar de que el documento extinguió autorizaciones previas que databan de 2013, las autoridades municipales no exigieron la realización de obras de ingeniería necesarias para mitigar los riesgos asociados al terreno. Esta omisión es particularmente grave, ya que contraviene el Atlas de Riesgo y la Carta D-11 del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Xalapa.

El plano de “Amenazas y Vulnerabilidades” del programa municipal indica que el predio, ubicado en la Avenida Mártires del 28 de Agosto #368, se encuentra sobre una franja de humedal y un cuerpo de agua natural. Esta área tiene la función ecológica de actuar como vaso de amortiguamiento para los escurrimientos pluviales de la zona poniente de la capital, lo que hace aún más evidente la irresponsabilidad de las autoridades al permitir la construcción en dicho lugar.

La situación ha generado un fuerte rechazo por parte de la comunidad y ha puesto en evidencia la falta de atención a las normativas de construcción y ordenamiento territorial en Xalapa. La tragedia en Híper San Bruno no solo ha dejado un profundo dolor en la familia de la joven fallecida, sino que también ha encendido un debate sobre la responsabilidad de las autoridades en la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos.