El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) impartió una capacitación virtual dirigida a Sujetos Obligados sobre el uso de datos personales en herramientas de inteligencia artificial dentro del servicio público.
Durante la jornada denominada “El uso de los Datos Personales en IA en el servicio público”, integrantes del Pleno del organismo señalaron que la inteligencia artificial representa una herramienta innovadora que debe emplearse con responsabilidad y respeto a la privacidad.
La comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno dio el mensaje de bienvenida y destacó la relevancia de este tipo de capacitaciones para atender los retos tecnológicos actuales. Por su parte, la comisionada María Selene Prieto Domínguez estuvo a cargo del cierre, donde reiteró que el órgano garante se mantiene como un aliado de los Sujetos Obligados en la orientación sobre el uso ético de herramientas digitales.
El curso fue impartido por Jaime José Álvarez Calderón, quien expuso ante 69 servidores públicos el marco legal aplicable en materia de protección de datos personales. Durante su intervención, subrayó que cualquier sistema de inteligencia artificial que procese información de ciudadanos debe apegarse a la normativa vigente.
En la capacitación se abordaron conceptos como la diferencia entre automatización simple y decisiones automatizadas, así como la aplicación de principios como licitud, lealtad, finalidad y proporcionalidad en entornos algorítmicos.
La organización y soporte técnico del evento estuvieron a cargo de Reyna Gómez Martínez, jefa del Departamento de Capacitación del instituto.
En la jornada participaron representantes de diversos poderes, organismos autónomos, dependencias estatales, instituciones educativas, juntas de agua y municipios, entre ellos el Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto Estatal Electoral, así como ayuntamientos como Chihuahua, Juárez y Guadalupe y Calvo, entre otros.
El ICHITAIP informó que estas acciones buscan fortalecer las capacidades de los servidores públicos ante los desafíos jurídicos y éticos que implica el uso de inteligencia artificial en la administración pública.
