El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) anunció la convocatoria para su Décima Octava Sesión Ordinaria de 2025, programada para este miércoles 24 de septiembre a las 14:00 horas en la sala de Plenos, ubicada en avenida Teófilo Borunda No. 2009, colonia Arquitos, en la ciudad de Chihuahua.
De acuerdo con el orden del día, los comisionados abordarán una agenda amplia que incluye la aprobación del acta de la sesión anterior, así como la revisión de un proyecto de acuerdo relacionado con la Secretaría de Seguridad Pública. Además, se someterán a consideración 120 proyectos de dictámenes derivados de la tercera etapa de verificación del tercer trimestre de 2024, en los que participan diversos sujetos obligados, entre ellos ayuntamientos, organismos descentralizados municipales y estatales, el Poder Ejecutivo y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
En el marco de la sesión, el comisionado presidente Sergio Rafael Facio Guzmán presentará 16 proyectos que evalúan el cumplimiento de resoluciones previas y 10 proyectos de resolución de nuevos recursos de revisión. Entre los sujetos obligados a revisión destacan municipios como López, Matamoros, Coronado y Santa Bárbara, además de dependencias estatales como la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Seguridad Pública.
La comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno presentará a su vez 16 proyectos sobre el cumplimiento de resoluciones y 10 más de resolución de recursos de revisión que involucran tanto a dependencias estatales como al Colegio de Bachilleres, el Partido Acción Nacional y diversos municipios.
Por su parte, la comisionada María Selene Prieto Domínguez expondrá otros 16 proyectos vinculados a instituciones como la Fiscalía Anticorrupción, la Universidad Autónoma de Chihuahua, el DIF de distintos municipios y gobiernos locales, además de 10 proyectos de resolución de recursos de revisión relacionados con partidos políticos, universidades y municipios.
El ICHITAIP subrayó que el objetivo de la sesión es dar continuidad a los procesos de verificación y cumplimiento de la Ley de Transparencia en el estado, garantizando que los sujetos obligados respondan de manera adecuada a los ciudadanos que ejercen su derecho de acceso a la información.
