Chihuahua
Identifican a víctimas del avionetazo de hoy en el Estado
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) participaron en labores de apoyo para la localización y trasladado de cuatro personas lesionadas, tras el desplome de una avioneta en la localidad de San Luis de Majimachi, municipio de Bocoyna.
El reporte sobre los hechos señala que la aeronave fue localizada a la altura del kilómetro 29 de la carretera que conduce de Creel a San Rafael, en donde los agentes tuvieron a la vista una avioneta Cessna, línea 206, modelo 1987, color blanco con matrículas XBHGS.
En el lugar entrevistaron al piloto Rubén V. S., de 45 años de edad, quien manifestó que se dirigían de Témoris a Chihuahua y que por las condiciones climatológicas perdió el control y se estrelló cerca de la carretera casi para llegar a Creel por lo que de inmediato solicitó auxilio.
Además del piloto, también resultaron lesionados: Jesús Leonel G.R., de 27 años (copiloto), así como Andrés M.M de 68 años, Sandra G.Ch de 50 años (tripulantes) quienes presentaban lesiones leves pero fueron trasladados a un Hospital para su revisión médica.
Al lugar se espera la llegada de personal de Aeronáutica Civil para realizar los peritajes correspondientes para establecer las causas del accidente.
Chihuahua
Diputada solicita Fiscalía especializada en delitos contra menores en Ciudad Juárez
La diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, ha solicitado la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes en Ciudad Juárez, ante el alarmante registro de mil 93 menores víctimas de violación y abuso sexual en el año 2025. Esta propuesta incluye la necesidad de contar con personal capacitado y un presupuesto propio para atender adecuadamente las denuncias.
Según la Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2025, elaborada por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), se reportaron 564 casos de violación y 529 de abuso sexual entre menores, lo que equivale a un promedio de casi tres casos diarios. La legisladora destacó que las víctimas de violación aumentaron un 9.5 por ciento en comparación con 2024, cuando se registraron 515 casos.
El informe también revela que, en total, se documentaron 2 mil 365 víctimas menores de edad en diversas categorías, incluyendo violencia familiar, violación, abuso sexual, omisión de cuidados y maltrato infantil. De este total, mil 588 eran niñas, lo que representa el 67.1 por ciento, y mil 315 víctimas tenían entre cero y 11 años.
Pérez Reyes mencionó que entre enero y septiembre de 2026 se abrieron 483 carpetas de investigación por violación en Ciudad Juárez, posicionando al municipio en el primer lugar nacional en este tipo de delitos, aunque esta cifra incluye víctimas de todas las edades.
La diputada argumentó que es fundamental contar con una institución dedicada a investigar delitos contra la infancia, que cuente con personal especializado para atender a las víctimas desde el momento de la denuncia. Resaltó la importancia de que los procedimientos se adapten a la edad de los menores, asegurando la preservación de pruebas y evitando que tengan que repetir sus testimonios en múltiples ocasiones.
La propuesta contempla la formación de equipos integrados por ministerios públicos, policías, psicólogos y médicos especializados, así como una sede fortalecida en Ciudad Juárez y cobertura estatal. También se sugiere establecer mecanismos de seguimiento para monitorear el avance de las investigaciones y los tiempos de respuesta de las autoridades, garantizando la confidencialidad de las víctimas.
Pérez Reyes enfatizó que las familias no deben enfrentar obstáculos adicionales para conocer el progreso de las investigaciones, ni asumir responsabilidades que corresponden a las instituciones de justicia. Además, subrayó que la creación de esta fiscalía debe ir acompañada de recursos suficientes, atención psicológica y médica, y personal capacitado para investigar estos casos.
Finalmente, la diputada reiteró que la atención a los delitos contra niñas, niños y adolescentes requiere una respuesta especializada por parte de las autoridades, con el objetivo de asegurar el seguimiento de las denuncias y proteger a las víctimas de nuevas situaciones de violencia durante los procedimientos.
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