Ciudad de México.— La Iglesia católica en México hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades para replantear la forma en que se entiende la justicia, al señalar que las cárceles deben ser un puente de regreso a la comunidad y no un espacio de exclusión.

En su editorial dominical Desde la Fe, la Arquidiócesis de México subrayó que, al cierre de 2024, el país contaba con 236 mil 773 personas privadas de la libertad. De ellas, el 35.7% de los hombres y el 46.3% de las mujeres permanecen sin sentencia, lo que evidencia un serio problema de rezago judicial y sobrepoblación en los centros penitenciarios.

El texto recalcó que ninguno de estos factores contribuye a mejorar la seguridad si no van acompañados de procesos judiciales ágiles, medidas alternativas a la prisión y programas de reinserción confiables. En este sentido, la Iglesia recordó que la pena no debe reducirse al castigo, sino abrir camino a la responsabilidad, la rehabilitación y la restauración social.

La Arquidiócesis insistió en que la comunidad también tiene un papel fundamental: acompañar a las personas privadas de libertad mediante la visita, la escucha, la educación, el trabajo, la atención a la salud mental y la construcción de redes de apoyo postpenales. Todo ello, indicó, es también una política de paz.

Entre las medidas propuestas destacó la necesidad de contar con defensoría y debido proceso desde el primer día de detención, así como programas de educación y certificación laboral que tengan valor real en el mercado. Asimismo, planteó dar continuidad a los tratamientos de salud mental y adicciones fuera de prisión, e incentivar a las empresas para contratar a ex internos mediante planes de “segunda oportunidad” con mentoría.

Estas acciones, afirmó, han demostrado reducir la reincidencia y devolver esperanza tanto a las personas privadas de la libertad como a sus familias. “La seguridad verdadera se construye reinsertando vidas, no descartándolas”, concluyó la editorial.